Recomienda reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha instado a aprovechar el próximo ciclo político para cambiar la estrategia de intervención pública en la vivienda, de modo que, en vez de restringir la contratación privada, se facilite la actuación del mercado.
La Fundación ha publicado este lunes un trabajo del experto Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que defiende un cambio de rumbo en la política de vivienda. “En los últimos años, las restricciones de origen político sobre los mercados de vivienda se han intensificado notablemente, con crecientes restricciones a la contratación de alquileres y mayor tolerancia con los impagos y la okupación”, se denuncia en el informe.
Como consecuencia de lo anterior, Arruñada ha apuntado a que se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda.
“Con base en esta experiencia intervencionista, que ha tenido consecuencias tan negativas, procedería aprovechar el próximo ciclo político para cambiar la estrategia de intervención pública, de modo que, en vez de restringir más y más la contratación privada, empecemos a pensar en facilitar la actuación del mercado”, ha recomendado.
Para ello, el autor ha matizado que no se requiere la abstención del Estado, pero sí que éste se centre en desarrollar aquellas tareas para las que cuenta con una ventaja comparativa real, como son proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social.
El informe sugiere que para facilitar la actuación del mercado, esta nueva política debería contemplar iniciativas dirigidas a expandir la oferta de vivienda, tanto de nueva construcción como ya existente.
REDUCIR IMPUESTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y TRANSMISIONES
Para ello, se recomienda racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones (recorte del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, consideración efectiva de la inflación en la estimación de las plusvalías).
Según el autor, esto sería compatible con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, elevando, si así se desea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o del IRPF.
Fedea también recomienda restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio.
Por último, insta a recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables.
