Fedea insta al Gobierno a negociar una ampliación de los plazos de ejecución del Plan de Recuperación

Cree que España “ha sobrevalorado” su capacidad para absorber rápidamente las inversiones previstas en el Plan

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera conveniente que el Gobierno negocie con Bruselas una ampliación de los plazos de ejecución del Plan de Recuperación para asegurar el “buen aprovechamiento de una oportunidad histórica”.

En un nuevo trabajo que ha realizado el organismo sobre el seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación durante los últimos meses, Fedea subraya que, en retrospectiva, “parece claro que se ha sobrevalorado” la capacidad de España de absorber “con rapidez” niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación.

“Habrá que ver qué se puede hacer para agilizar su ejecución, pero seguramente convendría priorizar la negociación de una ampliación de los plazos relevantes con el fin de asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad histórica”, subraya.

Fedea asegura que se dispone de información “muy limitada” sobre la ejecución definitiva de los fondos europeos, “pues la mayor parte de las entidades y administraciones encargados de ella no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle que la Administración General del Estado”.

Así, con la información disponible hasta el momento, sólo se puede cuantificar de manera aproximada el grado de ejecución definitiva de los recursos a partir de la tasa de ejecución de los fondos que el Estado gestiona directamente y los importes transferidos a otras administraciones y entes.

Por esta vía, Fedea estima que la tasa de ejecución definitiva fue en 2021 como máximo del 27% sobre el total presupuestado para el ejercicio y del 11% en noviembre de 2022, a lo que habría que añadir lo ejecutado por otras administraciones con cargo a las transferencias de la Administración General del Estado (AGE) del ejercicio anterior, lo que se desconoce.

Según la última entrega de los datos periódicos de ejecución del Plan publicados por el Gobierno, los recursos adjudicados, pero no necesariamente desembolsados, en las convocatorias y licitaciones resueltas hasta el momento por la AGE y sus entidades y empresas dependientes ascienden a 13.757 millones de euros, lo que supone en torno al 0,96% del PIB de 2021.

A esto habría que añadir los recursos adjudicados por las comunidades autónomas, que, según cálculos de Fedea, podrían elevar esta cifra hasta entre el 1,14% y el 1,55% del PIB de 2021, frente a los 4 puntos esperados en el proyecto del Plan de Recuperación.

“Así pues, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicaciones de 0,6 a 0,8 puntos de PIB por año y a niveles de desembolso aún menores, lo que supone un ritmo en torno al 30-40% de lo esperado en su día”, advierte Fedea.

De acuerdo con el Reglamento europeo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los fondos destinados a cada país, incluyendo los préstamos, deberán estar “asignados” o “comprometidos jurídicamente” el 31 de diciembre de 2023 a más tardar.

Para aclarar dudas sobre esta disposición, Fedea ha realizado una consulta informal a la representación de la Comisión Europea en España, que le ha respondido que esta disposición se refiere a la Comisión Europea y no a los países miembros. Esto significa que la Unión Europea debe haber comprometido formalmente los fondos del MRR asignados a los distintos países miembros antes de la fecha señalada, pero éstos no tienen obligaciones concretas sobre la utilización de los fondos en tal fecha.

Lo que sí afecta a los países miembros es el límite temporal para la ejecución real o física, pero no necesariamente presupuestaria, de los proyectos, que se fija en el citado Reglamento en el 31 de agosto de 2026, fecha en la que deberán haberse cumplido los hitos y objetivos establecidos para las inversiones y reformas acordadas, de forma que los pagos finales a los países miembros puedan hacerse antes del 31 de diciembre del mismo año.

En principio, el mismo límite se aplicaría también a la Adenda al Plan de Recuperación que ahora se está negociando, incluyendo el nuevo segmento de préstamos. De acuerdo con las fuentes de la Comisión, el límite de ejecución de 2026 sería muy difícil de cambiar porque eso exigiría modificar también la decisión sobre recursos propios que autoriza a la Comisión a emitir nueva deuda neta para financiar el MRR, que también expira en 2026.

Para cambiar esta norma, Fedea subraya que se necesitaría unanimidad en el Consejo de la UE y la ratificación de todos los Estados miembros, lo que en muchos casos exigiría el visto bueno de los parlamentos nacionales.

AVANCES “SIGNIFICATIVOS” EN LOS PERTE

Desde el arranque del Plan de Recuperación en el verano de 2021 hasta el momento, se ha puesto en marcha mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las comunidades casi el 70% del gasto originalmente previsto, lo que supone una “tasa de arranque” del 23% por semestre.

Fedea constata que se ha avanzado “muy significativamente” en la puesta en marcha de los PERTE. Con las nuevas convocatorias, el volumen de recursos movilizado casi se ha duplicado, pasando de 6.650 millones de euros en junio de 2022 a 12.300 millones en diciembre del mismo año.

“Si excluimos del denominador al PERTE Chip, que todavía está en preparación y se financiará con cargo a la Adenda del Plan de Recuperación, la tasa de arranque de los PERTE (el 61%) comienza a acercarse a la del conjunto del Plan (el 69%), a diferencia de lo que sucedía en junio, cuando la relación era del 32% frente al 46%”, explica.

No obstante, Fedea avisa de que, en los PERTE más avanzados, hay “indicios” de ciertas dificultades para atraer suficientes solicitudes de calidad para agotar las ayudas disponibles, especialmente en las convocatorias destinadas a empresas.

PREOCUPACIÓN POR LA REFORMA DE PENSIONES

En lo que respecta a las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Fedea detecta “luces y sombras” y muestra especial preocupación por la del sistema de pensiones, como ya ha hecho en otros trabajos.

En este sentido, apunta que las estimaciones disponibles sugieren que el impacto neto de los cambios propuestos por el Gobierno en el periodo de cálculo de la pensión (subirlo de 25 a 30 años, descartando los dos peores años) se traduciría en “una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados”, que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, “pero sólo de forma muy modesta”.

“El ahorro en 2050 se situaría como mucho en el 0,3% del PIB”, apunta Fedea, que señala que la propuesta del Ejecutivo de destopar parcialmente las cotizaciones sociales “tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues aportaría como mucho un 0,15% del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050”.

“La suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050”, concluye.

Por otra parte, Fedea vuelve a insistir en que el destope de las bases máximas de cotización supone potenciar “un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”.