Creen que los servicios turísticos deberían quedar fuera de cualquier subida de tipos en el contexto de recuperación económica actual
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Expertos tributarios abogan por acometer primero un ajuste en el gasto público y solo después, si hiciera falta, aumentar los tipos para el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por un “tiempo limitado”.
El IVA es el tributo de segunda mayor recaudación después del IRPF, y aporta cerca del 35% del total de la recaudación de los tributos gestionados por la AEAT.
Durante la jornada ‘Reflexión sobre la Reforma Fiscal, Fiscalidad indirecta’, organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Madrid, el exdirector de la Agencia Tributaria Salvador Ruiz Gallud ha afirmado que la corrección del déficit público en España debe comenzar por un ajuste del gasto, que actualmente se encuentra en niveles muy elevados y aún no se han formulado planes de reequilibrio en el medio y largo plazo.
“Sólo si entonces se continuara advirtiendo la necesidad de un aumento de la imposición, podría plantearse una elevación del tipo general del IVA, aun por tiempo limitado (como dos o tres años)”, ha señalado. A su juicio, de adoptarse esa medida, habrían de habilitarse simultáneamente subvenciones correctoras de potenciales efectos no deseables sobre los colectivos de ciudadanos más necesitados.
En este sentido, Ruiz Gallud considera que los servicios turísticos (restauración, hoteles, transporte terrestre de viajeros) no deberían verse afectados por una subida de tipos en el actual momento de recuperación tras una importante crisis económica.
REFORMA DEL SISTEMA FISCAL MEDIOAMBIENTAL
Por su parte, la directora global de Fiscalidad de Iberdrola y ex subdirectora General de Impuesto sobre las Personas Jurídicas, Begoña García-Rozado, ha destacado que la fiscalidad debe utilizarse como uno de los mecanismos impulsores del cambio y de ayuda a la consecución de los objetivos medioambientales.
Por ello, ha reclamado una reforma del sistema fiscal medioambiental que tenga como objetivos la coordinación, el alcance general tanto a productores como a consumidores, el principio de que quien contamina paga, y la eliminación de dobles imposiciones con el proyecto de reforma de la Directiva fiscal energética (2003/96/CE) como referente.
