España y Venezuela, los países que más incumple el arbitraje internacional, con 15 laudos pendientes de pago

España podría liderar el ranking, ya en solitario, en 2024, pues tiene 10 casos más sin sentencia firme

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

España es, junto a Venezuela, el país que más laudos pendientes de pago tiene, 15 en total, según el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales elaborado por el servicio de estudios de la compañía NL Consulting que dirige el jurista y académico holandés, Nikos Lavranos.

El motivo principal del resultado “tan negativo” de España son los incumplimientos de las sentencias que la obligan a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.

Desde la organización han aclarado que, además de los 15 incumplimientos para España incluidos en el informe, hay otros 10 casos que no se han contabilizado, pues la sentencia aún no es firme y está sujeta a algún tipo de apelación o intento de anulación por parte de España.

Esto implica que, a lo largo de 2024, “es probable que muchos de estos procesos se zanjen definitivamente, situando a España, ahora ya en solitario, como el país con más incumplimientos”.

Por otro lado, hay alrededor de 20 casos pendientes de juicio y, de acuerdo con la jurisprudencia disponible, “todo apunta a que buena parte de ellos se resolverán contra España”, han declarado desde NL Consulting.

Por detrás de España y Venezuela se sitúa Rusia, con nueve laudos impagados; Ucrania, con cuatro; Argentina y Kirguistán, con tres cada uno; India, Italia y Ecuador, con dos los tres países, y Kazajistán, República Checa, Croacia, Polonia y Turquía, con uno en cada caso.

En total, el número de arbitrajes internacionales celebrados a nivel global ha alcanzado los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a su conclusión (70%), mientras que otros 343 expedientes (27%) siguen su curso. Asimismo, se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (3%).

De entre los 890 casos para los que ya se ha emitido un lado, un 37% se han saldado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% han concluido en un victoria de los inversores denunciantes.

El 19% de los expedientes se zanjaron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos concluyó en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes.

Hasta la fecha, un total de 132 países han sido denunciados al menos una vez a través de este tipo de procedimientos, como apuntan desde NL Consulting.

En total, solamente 60 de los 890 procedimientos que han culminado con un laudo definitivo están en situación de impago (es decir, el 6,7%).

Por otro lado, España es el tercer país con más obligaciones ligadas a estas indemnizaciones (1.300 millones de dólares, cerca de 1.177 millones de euros), siendo Rusia (60.100 millones de dólares, cerca de 54.450 millones de euros) y Venezuela (7.100 millones de dólares, aproximadamente 6.432 millones de euros) el primer y segundo deudor del ranking.

TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA

En cuanto al Tratado de la carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra España es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8).

De los 109 casos que se han canalizado en total a través de procedimientos de arbitraje con el TCE como paraguas, 74 tienen que ver con inversiones renovables, 17 con aspectos referidos al sistema eléctrico, 12 se ocupan de explotaciones de petróleo o gas y 6 tienen que ver con la minería.

En cuanto al país de procedencia de las empresas que han iniciado procedimientos de arbitraje internacional en los últimos diez años, encontramos a España en cuarto lugar.

En total, las compañías del país han lanzado 48 denuncias de estas características, por delante de Alemania (46) o Francia (36) y por detrás de Estados Unidos (86), Países Bajos (77) y Gran Bretaña (59).

En el caso de España, hay 25 casos para los que aún no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (entre 1.812 y 2.265 millones de euros) el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.