Escrivá propone incluir programas sociales en las discusiones fiscales de la UE por su rendimiento económico

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto este jueves que programas sociales como los destinados a la educación de menores en situación de vulnerabilidad se incluyan y prioricen en las futuras discusiones fiscales de la Unión Europea dado su elevado rendimiento económico.

“Vamos a trabajar en esto en los próximos meses”, ha afirmado Escrivá, en referencia a la presidencia española del Consejo durante el segundo semestre del año, en su intervención en un evento organizado en Bruselas por el laboratorio económico de ideas Bruegel.

El ministro ha señalado que en base al nuevo marco fiscal planteado por la Comisión, que permitirá “más capacidad a nivel nacional para diseñar programas de sostenibilidad y de gasto público”, espera que las inversiones sociales puedan “priorizarse”.

“El rendimiento de esta inversión pública es mucho mayor que el de la inversión física”, ha incidido el ministro, quien ha destacado la experiencia española de itinerarios para la inclusión, diseñados con carácter “experimental”, centrados en el apoyo al aprendizaje, educación y tutoría.

“Esto no es sólo protección social, sino inversión para el futuro”, ha apostillado, antes de destacar que otra de las prioridades de la presidencia española serán las recomendaciones del consejo sobre la renta mínima, que el Gobierno centra también en la pobreza infantil.

Consciente de la importancia de seguir las recomendaciones del Consejo, Escrivá ha abogado también por “intentar concretarlas lo máximo posible”, además de tratar de trabajar con puntos de referencia, microdatos y datos administrativos, lo que ofrecerá la oportunidad de aprender más de las personas realmente vulnerables para cruzar esta información con otras bases de datos y entender por qué se encuentran bajo las “trampas” de la pobreza.

Al respecto, ha puesto como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno puso en marcha en junio de 2020, dado que establece una requisitos “bastante exigentes” en cuanto a los criterios de elegibilidad para lograr un “alto grado de legitimidad”.