Élite Taxi exige “orden” en la normativa de transportes terrestres antes del 30 de junio

Asegura que las grandes ciudades están “a punto de estallar” al mismo nivel de julio de 2018

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha exigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que “ponga orden a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres antes del 30 de junio”.

En declaraciones a los periodistas este miércoles antes de empezar la marcha lenta de taxis que pretende llegar hasta la Delegación del Gobierno en Catalunya, ha dicho que ponen esta fecha límite porque no saben quién va a gobernar después de las elecciones del 23J.

El pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la limitación del número de licencias de servicios de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a una por cada treinta permisos de servicio de taxi.

Según Álvarez, en el AMB se “han hecho los deberes porque ya se preveía que esto iba a caer”, pero ha alertado textualmente de que los taxis del resto de Catalunya y el resto de España corren un grave peligro de una liberalización salvaje que lo que haría sería colapsar todas las ciudades.

“Todas las grandes ciudades del Estado están a punto de estallar y ahora mismo la situación es clavada a la de julio de 2018, cuando estalló todo y en Barcelona hubo una huelga indefinida que se fue extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional”, ha alertado.

COMPETENCIAS A LAS CC.AA.

Álvarez ha reclamado que el Ministerio añada en esta normativa lo que dicta la sentencia del TJUE: “Que se pueda limitar la libertad de establecimiento por razones de interés público, como la ordenación del tráfico, la seguridad vial y por motivos medioambientales”.

Y también ha pedido que “les den todas las competencias a las comunidades autónomas y entes locales directamente desde el Estado para que puedan regular los VTC” para evitar su liberalización.

Ha asegurado que “no es una amenaza” al Gobierno, sino que lo que pretenden es pedir ayuda para que no ocurra esta liberalización.