El Tribunal UE fallará el 16 de febrero sobre condicionalidad de los fondos recurrida por Hungría y Polonia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia el próximo 16 de febrero sobre los recursos que Hungría y Polonia plantearon contra la nueva normativa que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respecto del Estado de derecho, según ha anunciado este martes la corte europea.

Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.

Budapest y Varsovia levantaron finalmente su veto pero lo hicieron con el aviso de que llevarían el reglamento ante el Tribunal de Justicia de la UE, en donde en recursos contra el Parlamento Europeo y contra el Consejo han defendido que la condicionalidad de los fondos es un mecanismo sancionador similar al ya previsto por el artículo 7 del Tratado de la UE.

Durante el proceso, además de los servicios jurídicos de las dos instituciones afectadas también la Comisión Europea y una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) se han personado en defensa de la normativa.

En sus conclusiones del pasado diciembre, el Abogado General del TUE ya avaló el reglamento de condicionalidad y recomendó a la Justicia europea desestimar los recursos presentados por Polonia y Hungría, al concluir que la norma se apoya en la base jurídica adecuada.

Entonces, el Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona consideró que dicho régimen, que afecta también al plan de recuperación, fue adoptado “sobre una base jurídica adecuada”, es compatible con los límites que marcan los Tratados de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica.

El dictamen aclara que se trata de un instrumento de condicionalidad financiera para asegurar la correcta ejecución del presupuesto de la UE y poder actuar frente a Estados miembro que pongan en riesgo su buena gestión mediante acciones que atentan contra el Estado de derecho.