FIAB pide negociar con el Gobierno y le reclama “responsabilidad” para retomar la agenda legislativa cuando la situación sea más acorde
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que se encuentra actualmente en fase de tramitación y establece entre otras medidas la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso, así como nuevos objetivos de reutilización, tendría fuerte impacto económico en el sector de alimentación y bebidas, ya podría abocar el cierre de hasta 2.400 empresas y la destrucción de 26.500 empleos en España, según las estimaciones de impacto realizadas por Analistas Financieros Internacionales (AFI).
En concreto, el estudio estima el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030.
Estos objetivos conllevan un incremento de los costes e inversiones inesperadas para el sector, siendo las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como las sociedades ubicadas en la España vaciada, las más afectadas.
De esta forma, el socio de AFI, Diego Vizcaíno, ha señalado durante la presentación del informe que la ley de residuos, que provocaría una caída del consumo y de la facturación de las empresas, y el real decreto de Envases, que conllevaría una “inversión inesperada” para las empresas, obligaría a una menor necesidad de recursos, entre los cuales están los empleos para atender a una menor demanda. “No todas las empresas van a ser capaces de afrontarlo”, ha recalcado.
Respecto al coste económico que podrían suponer para la industria de alimentación y bebidas estas normativas, el informe calcula que rondaría los 7.050 millones de euros para las empresas y cerca de 780 millones de euros para los hogares españoles.
La propuesta del Gobierno representa a juicio del sector un “viraje normativo” respecto a la ruta marcada por la UE y en algunos aspectos excede las directivas europeas e impondría inversiones de 6.270 millones de euros en una década para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para bebidas a 2030.
De estos 6.270 millones de euros en inversiones, el impacto se divide en 4.670 millones asociados a los nuevos objetivos de reutilización y 1.600 millones de euros a la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso, a lo que habría que añadir el incremento del coste de la RAP de 490 millones de euros y el impuesto al plástico, 300 millones de euros, como consecuencia de la futura Ley de residuos, que está actualmente al final de su tramitación.
“Estos proyectos implican costes e inversiones de más de 7.000 millones de euros, la pérdida de empleos y el cierre de empresas. De ver la luz estas medidas también incidirían en el ámbito de las familias con el encarecimiento de alimentos y bebidas, lo que sería un duro golpe para los hogares, que ya sufren los altos niveles de inflación actuales”, ha explicado Vizcaíno.
FIAB CREE QUE MERMARÁN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha señalado que estos proyectos legislativos “llegan en el peor momento”, además de que van más allá de la propia directiva europea, por lo que “merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país”.
“Hacemos un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad del Gobierno y de la sociedad para que todos los focos se pongan ahora en salir de esta situación de la mejor forma posible, pero continuar con una agenda legislativa como si no pasara nada y todo estuviera bien, con un impacto en los costes de las empresas y en el empleo creo que no es el momento y no toca”, ha señalado García de Quevedo que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez retomar la agenda legislativa cuando la situación actual mejore.
La industria de la alimentación y las bebidas ha reiterado que su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular es “firme y unánime, pero se requiere de una transición justa, como se estáplanteando en otras industrias”.
“Es imprescindible que el Gobierno y el sector nos sentemos a negociar para llevar a cabo estas medidas, pero sin penalizar a las empresas, sobre todo a las pymes de la España Vaciada, porque este real decreto no solo hace daño al sector sino al conjunto de la economía”, ha recalcado.
