El PP exige a Ribera transferir a las comunidades las ayudas del bono social térmico de este año

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PP ha recordado a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tiene pendiente transferir a las comunidades autónomas los fondos para el pago directo de ayudas del bono social térmico correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y que estas administraciones no pueden acceder a los datos de beneficiarios.

Así, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, los ‘populares’ piden al Gobierno establecer con urgencia un mecanismo para que las comunidades puedan acceder a estos datos, transferir inmediatamente los fondos presupuestados, así como los 2,5 millones de euros en subvenciones para colaborar en la tramitación de estas ayudas.

105 MILLONES AÚN PENDIENTES DE TRANSFERIR

En las cuentas actualmente en vigor, se contempla una partida con 105 millones de euros para este bono social térmico sin que, critican, las comunidades hayan recibido la transferencia de cantidad alguna para el pago de las ayudas ni el listado de beneficiarios.

Este bono compensa gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para uso térmico, cantidad que se calcula en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y la zona climática, en una horquilla de entre 25 y 123 deuros, siendo compatible con cualquier otro tipo de ayudas, como el bono social eléctrico.

CUESTIONADO POR EL CONSTITUCIONAL

Sin embargo, los ‘populares’ señalan en su iniciativa que el encuadre competencial es diferente al del bono eléctrico, que se sitúa dentro de las normas relativas al acceso y suspensión de energía eléctrica, un coste asumido por las comercializadoras.

Y es que tras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco por vulneración de competencias exclusivas, el Alto Tribunal sentenció que se trata de ayudas de carácter estatal “que nada tiene que ver” con los derechos y las obligaciones derivados de las relaciones entre consumidores o usuarios y las empresas suinistradoras, ni tampoco con consecuencias derivadas de los impagos.