SEVILLA/MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo socialista relativa al apoyo a los trabajadores ante el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la entidad financiera Unicaja Banco, cuya plantilla secunda esta jornada su segundo día de huelga, con un seguimiento del 97,5% según CCOO.
La PNL ha sido adelante por unanimidad en los puntos 2 y 5, y se han aprobado por mayoría los puntos 1,3 y 4 por 16 votos a favor y dos en contra.
Desde el Grupo Parlamentario del PSOE se ha esgrimido el “marcado perfil andaluz” de Unicaja, con sede en Málaga, “la proximidad física de sus red de oficinas, la fortaleza financiera y el negocio, que ha permitido focalizar la gestión personalizada en los clientes, y eso lo hacen sus trabajadores”.
El diputado socialista Javier Carnero, encargado de presentar la PNL de su Grupo Parlamentario, ha recordado que el ERE afectaría a 1.513 peronas, “casi un 16% de la plantilla, rechazado de pleno por los sindicatos al considerarlo inaceptable”. “La propuesta contempla cerrar 395 oficinas, lo que supone ir contra el propio modelo que la entidad ha defendido siempre”, ha añadido.
En opinión del vocal del Grupo del PSOE, el Gobierno andaluz “tiene que estar del lado de la entidad bancaria andaluza por excelencia”, por lo que ha instado al Parlamento “a que trate de fomentar el consenso y el debate” para que la dirección “rehuse de las soluciones propuestas”.
Por su parte, desde las filas del Grupo popular, a través de su diputado José Ramón Carmona, se ha pedido “máxima transparencia en el proceso de negociación de los ERE”, al tiempo que ha recordado las declaraciones del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en el sentido de que la Junta “será beligerante en este asunto: No quiero ir hablar de que pierda su sede social”. Asimismo, Carmona ha asegurado que “no espera que el Gobierno central hable sino que actúe”, puesto que se trata de un ERE que afecta a más comunidades autónomas.
El diputado de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) Guzmán Ahumada ha criticado el hecho de que la entidad obtenga “beneficios multimillonarios y quieran poner en la calle a 1.513 trabajadores: Esto no puede ser”. “Unicaja es su obra social y las miles de oficinas que se reparten por barrios y pueblos”, ha añadido.
En Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Empleo, Mónica Moreno, ha subrayado que la “autoridad competente” en este conflicto laboral para mediar es el Gobierno central, “no es competencia de la Consejería de Empleo”; aun así, “pedimos un esfuerzo para que el ERE afecte al menor numero de personas posible”.
Por último, desde el Grupo Parlamentario de Vox, a través de su portavoz en la comisión, se ha rechazado públicamente “el tratamiento que está dando Unicaja a sus trabajadores, que siempre se han caracterizado por un trato extraordinario a la ciudadanía y un modelo cercano. Este ERE supone un atentado contra los derechos de los trabajadores, algo que no esperábamos de una entidad de tanto peso”.
TAMBIÉN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Además, la Asamblea de Extremadura instará al Gobierno central a tomar las “medidas pertinentes para evitar o minimizar lo máximo posible” el ERE anunciado en Unicaja, así como a “exigir corresponsabilidad” a las entidades financieras a la hora de afrontar su proceso de reestructuración.
Además, la Cámara regional instará a la Junta a llevar a cabo todas “las acciones de negociación y mediación que tenga a su disposición” y establecer los “canales de interlocución política necesarios” para apoyar a los trabajadores del sector bancario extremeño, asegurar la protección de los intereses de los clientes bancarios en Extremadura, y, “en la medida de lo posible, evitar despidos y cierres de sucursales bancarias”.
Así se recoge en una propuesta de impulso que ha sido aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, y que aunque inicialmente fue presentada por Unidas por Extremadura, finalmente ha salido adelante una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
