El ocio nocturno denuncia que es “víctima de una judicialización sanitaria” e insiste en su reapertura

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, ha denunciado que su sector es “víctima de una judicialización sanitaria”, insiste en su reapertura para evitar botellones y reivindica el papel de los cerca de 10.000 establecimientos que han sobrevivido a la crisis del coronavirus y los 100.000 trabajadores, según ha informado en un comunicado.

La patronal del ocio nocturno recuerda que con todas las restricciones de aforo existentes y el mantenimiento de los protocolos higiénico-sanitarios obligatorios podrían acoger a más de 1,5 millones de clientes cada fin de semana y evitar así botellones o fiestas ilegales.

Al respecto, insiste en que la “intransigencia” del Gobierno central y la falta de reacción de las comunidades autónomas han provocado la repetición de los desórdenes nocturnos en las ciudades desde que se levantó el estado de alarma, y con él, la finalización de los toques de queda en 15 de las comunidades autónomas, excepto en la Comunidad Valenciana y Baleares.

La patronal considera que el sector del ocio nocturno está siendo “víctima de una judicialización sanitaria”, con la constante controversia entre los ejecutivos autonómicos y el central sobre las competencias para reactivar la actividad de los locales de ocio.

Para España de Noche, si el Gobierno ha cedido a las regiones las competencias para agarrarse a los mecanismos normativos para hacer frente a la crisis sanitaria, lo tiene que hacer con todas las consecuencias y en todos los ámbitos.

Por ello, la organización reprocha que los propios gobiernos autonómicos, excepto Andalucía que permite su apertura ya hasta las 2.00 horas y pista de baile en exteriores, se escuden en la Orden Ministerial del pasado 14 de agosto de 2020 para seguir restringiendo la actividad del ocio nocturno.

España de Noche reafirma que desde el punto de vista jurídico, la citada Orden Ministerial “no tiene validez”, ya que se trata de una orden comunicada, que cada región publicó en sus propios boletines oficiales y que ha ido sufriendo modificaciones.