MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado el año con la aprobación de la reforma del mercado laboral, una de las grandes promesas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 965 euros, como ha recordado este jueves la cartera en su rendición de cuentas.
El Gobierno, con el respaldo de los sindicatos y la patronal, alcanzó el pasado 23 de diciembre el acuerdo sobre la reforma laboral. El Consejo de Ministros aprobó ese texto este martes y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, por lo que entrará en vigor el viernes.
El Ministerio de Trabajo ha recordado en su rendición de cuentas que la reforma “cumple con el acuerdo de Gobierno y con la propuesta de reforma del mercado de trabajo presentada a Bruselas en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Además, la cartera de Yolanda Díaz ha insistido en que la reforma ha salido adelante “con el aval de los agentes sociales”, por primera vez en más de 40 años.
Esta reforma laboral, que recupera la negociación colectiva, la ultraactividad y da prioridad al contrato indefinido, está “destinada a cambiar el paradigma en las relaciones laborales del país, impulsando el trabajo decente, dejando atrás la precariedad y la anomalía española, la temporalidad”, apunta el Ministerio en su comunicado.
El otro hito de Trabajo en este año ha sido la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se situó en septiembre en 965 euros mensuales, también fruto de la negociación, aunque en este caso solo contó con el visto bueno de los sindicatos UGT y CC.OO. El objetivo del Gobierno es seguir la senda de subidas y cerrar la legislatura con un SMI equivalente al 60% del salario medio español.
“El SMI, que ha demostrado una incidencia efectiva y real en la equidad, en la reducción de la pobreza y de las brechas salariales entre mujeres y hombres, ha subido en España desde 2019 un total de 229 euros, un 31%”, han recordado desde el Ministerio.
En el balance de este 2021, Trabajo ha destacado también la Ley de Trabajo a Distancia y la llamada ley ‘rider’. La primera consiguió la luz verde del Congreso en mayo, para garantizar los derechos de los teletrabajadores y situó a España “a la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia”.
En cuanto a la ley ‘rider’, es otra de las normativas que el Ministerio de Díaz ha logrado sacar adelante de forma tripartita. El Congreso aprobó en julio esta norma que protege los derechos laborales de los trabajadores de reparto de las plataformas digitales. Los avances que introdujo esta normativa sirvieron para que fuera tomada como referente en la directiva europea al respecto.
TRANSFORMACIÓN DEL SEPE EN AGENCIA ESPAÑOLA DE EMPLEO
El Ministerio de Trabajo también ha modernizado este año las Políticas Activas de Empleo, con “cambios estructurales de calado” y una transferencia de más de 2.650 millones de euros para las comunidades autónomas, con el objetivo de cumplir con ese fin. Las medidas incluyen también la modernización de los servicios públicos de empleo e incorporan el seguimiento y evaluación de esas políticas.
Además, el Anteproyecto de Ley de Empleo contempla la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Española de Empleo. Eso implica también una dotación de “recursos humanos suficientes” en todas las instituciones implicadas en las políticas de empleo para “tener unos servicios públicos de empleo eficaces”.
El proceso de transformación de las políticas de empleo incluye este año la aprobación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que además de atender a los demandantes de empleo presta especial atención a los colectivos considerados prioritarios.
Para cumplir con la modernización del mercado de trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores, el Ministerio también ha impulsado las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Con las campañas de este año se ha logrado regularizar los salarios de 30.000 mujeres empleadas de hogar y transformar casi 360.000 contratos temporales en indefinidos.
Se ha aprobado, además, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023, que moderniza el organismo a través del ‘big data’. La cartera de Yolanda Díaz ha recordado en este balance que la cifra total de paro registrado se situó en 3,18 millones de personas, la más baja en un mes de noviembre desde 2008, con nueve meses de descensos.
PLAN GARANTÍA JUVENIL PLUS
Díaz ha insistido en repetidas ocasiones en la importancia de los jóvenes para su Ministerio y para el futuro del país. Con esta idea, Trabajo puso en marcha el Plan de Garantía Juvenil Plus, que se extenderá hasta 2027.
Su objetivo era mejorar la cualificación de los jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias y facilitar así su acceso al mercado laboral. Este plan se sustenta en la orientación y el seguimiento personalizados, una formación centrada en la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional.
Para erradicar la precariedad laboral entre los jóvenes, la Inspección de Trabajo se ha aliado con el Instituto de la Juventud (Injuve) para desplegar medidas y acciones conjuntas que supervisen la situación contractual y laboral de este grupo.
En 2021 también entró en vigor el Real Decreto sobre igualdad retributiva, con un registro de salarios de los trabajadores. En este ámbito, se ha puesto en marcha la Herramienta de Igualdad Retributiva IR!, desarrollada en el marco del diálogo social junto con el Instituto de las Mujeres. Esta aplicación pública permite a las empresas, sin importar su tamaño y de forma sencilla elaborar su registro retributivo para adecuarse al reglamento y combatir la brecha salarial.
Además de Trabajo, la cartera de Yolanda Díaz incluye la Economía Social, que pretende ser “un motor de transformación e impulsar cambios que revaloricen territorios despoblados y recursos disponibles infravalorados”.
Para fomentar la economía social, el trabajo autónomo y la responsabilidad social de las empresas se ha destinado este año un monto de 10,43 millones de euros frente a los 4,38 millones de euros de 2020. “Un punto de inflexión en este apartado es la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la Economía Social y de los Cuidados”, han subrayado desde Trabajo.
El departamento también ha ratificado en la Carta Social Europea revisada y ha remitido para su aprobación en las Cortes, los convenios 177 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El primero alude al trabajo a domicilio y el segundo busca la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo.
