El Instituto Santalucía avisa de que los PGE elevan la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Foro de Expertos del Instituto Santalucía ha advertido este martes de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 elevan la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Este órgano de debate y análisis señala el carácter “cada vez más complejo y confuso” de las cuentas de la Seguridad Social al incluir gastos y prestaciones “que mezclan las partidas contributivas y no contributivas”.

Los expertos del Instituto recuerdan que este capítulo social es la mayor partida de los Presupuestos, más del 40% del gasto consolidado, lo que supone unos 204.209 millones de euros.

Concretamente, el grueso del gasto en Seguridad Social de los PGE se destina a financiar las pensiones contributivas, con un coste previsto de 166.777 millones de euros, y las no contributivas, que recibirán 2.803 millones de euros.

Además de los complementos de mínimos para las pensiones contributivas y no contributivas, los expertos señalan que se traspasan al Estado otros gastos impropios que incluyen prestaciones “explícitamente contributivas” como el nacimiento y cuidado de menores, por un total de 3.117 millones de euros, y otros 5.560 millones de euros por conceptos no detallados.

“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario. Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, argumenta al director del Instituto, José Manuel Jiménez.

Los expertos del organismo opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de gastos impropios, “sólo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema”.

En lo que respecta al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el Instituto señala que destinarlo a incrementar la ‘hucha de las pensiones’ “sólo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio”.

Sin embargo, avisa, para 2023, el déficit esperado será de un 0,7% sobre el PIB, que aumentará a un 0,9% si no se tienen en cuenta los ingresos extraordinarios del MEI. “Es más, el déficit del componente contributivo ascendería a 2,3% del PIB sin tener en cuenta las transferencias del Estado para financiar los supuestos gastos impropios”, calculan los miembros de este Foro de Expertos.

“Esta aportación parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo”, apuntan.

Desde el Foro de Expertos estiman que, con la actualización de las pensiones con el IPC, estimada en un 8,5% en 2023, los pensionistas serán de los pocos colectivos que tengan su renta protegida frente a la inflación, al contrario que la mayoría del resto de los trabajadores, que verán su capacidad adquisitiva reducida. Por tanto, consideran que habría sido más equitativo blindar sólo a las pensiones más bajas.

“Si esta revalorización no viene acompañada de una subida de los ingresos o una disminución del gasto por otras vías, la sostenibilidad del sistema puede peligrar a largo plazo”, ha advertido José Manuel Jiménez.

En opinión de los expertos, la reforma de 2013 ya era compatible con la actualización de las pensiones con el IPC. “Lo único que requería eran suficientes ingresos”, apunta Jiménez.

Los expertos del Instituto abogan por evolucionar el sistema de la Seguridad Social hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto, pero permitiría introducir mejoras, como el incremento de la transparencia, la equidad y la protección a la inflación. “Un sistema de este tipo sería, además, perfectamente compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente”, subrayan.

El Foro de Expertos del Instituto Santalucía está integrado por José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce y Josefa Ros.