El Gobierno prevé aprobar este año un paquete fiscal, que incluirá el incentivo a energéticas para inversiones

Buscará consenso para incluir en ese paquete o en otro la permanencia de los impuestos a banca y energéticas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno prevé aprobar este año un paquete fiscal que incluirá la modificación legal del IRPF para adecuarlo a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 15.876 euros anuales, así como el incentivo en el impuesto a las empresas energéticas para que estas compañías den continuidad o inicien proyectos de inversión.

En la rueda de prensa para avanzar los datos de ejecución presupuestaria del año 2023, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que estas dos cuestiones estaban previstas que se incluyeran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

No obstante, la renuncia por parte del Gobierno a presentar este proyecto por el adelanto electoral en Cataluña supone la aprobación de estas dos cuestiones pendientes a través del anunciado paquete fiscal.

Además, Montero ha explicado que otra cuestión que “puede ir o no en la misma norma” es el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para hacer definitivos los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas.

Para ello, la ministra de Hacienda espera tener consenso para que España cuente con unos tributos “que realmente puedan ser sostenibles en el futuro” y no sean gravámenes temporales como se habían adoptado hasta la fecha. “Se tiene que diseñar durante este periodo”, ha recalcado la titular de Hacienda.

En cualquier caso, Montero ha asegurado que “no hay prisa” para aprobar este paquete fiscal porque los impuestos no se liquidan hasta el año que viene, “bien entrado 2025”.

MONTERO RESPONDE AL BANCO DE ESPAÑA

Preguntada por la propuesta del Banco de España de que el impuesto a la banca se use para aumentar la solvencia de las entidades, Montero ha sido clara, aunque respeta la opinión del gobernador: “Vamos a diseñar el impuesto para que las entidades financieras contribuyan a la financiación de los servicios públicos, y no a que puedan pasar mejor el test de estrés”.