MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la orden ministerial por la que se convoca el acceso al banco de pruebas -‘sandbox’- regulatorio, que establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico.
De esta manera, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los interesados podrán presentar -hasta el 1 de agosto- sus proyectos piloto para acceder al banco de pruebas regulatorio y estos proyectos que participen en el ‘sandbox’ podrán beneficiarse de una financiación pública que no podrán exceder, en ningún caso, los 15 millones de euros por empresa y proyecto, pudiendo cubrir hasta un máximo del 60% de los costes subvencionables en el caso de pequeñas empresas, del 50% en el de la mediana empresa y de hasta el 40% si se trata de grandes compañías.
Asimismo, en junio se abrirá una convocatoria de ayudas a nuevos modelos de transición energética con la que se podrán financiar los proyectos que accedan al ‘sandbox’, informó el Ministerio.
El Real Decreto 568/2022, que prevé los denominados ‘sandbox’, permite la puesta en marcha de proyectos piloto innovadores, limitados en volumen, duración y ámbito geográfico, que requieran aplicar exenciones de la regulación sectorial para su desarrollo.
En concreto, serán elegibles aquellas iniciativas cuya propuesta se base en una innovación regulatoria de interés, atendiendo, especialmente, a su capacidad de contribuir a la mejora de la regulación y al aprendizaje regulatorio. La duración máxima de la participación en el banco de pruebas será de dos años.
Este tipo de proyectos -que podrán desarrollarse en ámbitos como las redes inteligentes, la agregación de demanda, la prestación de servicios de flexibilidad y el almacenamiento de energía- suelen ser complejos y carecer de precedentes, por lo que puede resultar especialmente complejo identificar sus características y necesidades específicas.
El objetivo último del banco de pruebas es que la regulación no suponga una barrera a la innovación en la transición energética, adaptándola a las nuevas necesidades de flexiblidad del sector eléctrico.
