El Gobierno lanza a consulta pública el real decreto de redes eléctricas cerradas para la industria

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a información pública el proyecto de real decreto por el que se regulará el otorgamiento de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada, con el objetivo de reducir los costes de la electricidad para la mediana y gran industria concentrada en áreas reducidas.

En concreto, las redes de distribución de energía eléctrica cerrada son aquellas que suministran electricidad a una zona industrial con una actividad productiva relacionada en un espacio inferior a 5 kilómetros cuadrados para atender las necesidades de estos sectores en determinados polígonos.

A finales de 2018 el Gobierno aprobó mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad.

Entre ellas se encontraba la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada con el objetivo de facilitar una reducción de costes de este suministro para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos.

Esta norma también incorporó al ordenamiento jurídico español el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE, que establece la necesidad de regular esta materia de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que la regulación mediante real decreto de esta materia permitirá “abordar las cuestiones más relevantes del proceso de creación y autorización de las redes cerradas y garantizará la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, lo que mejora la competitividad de los sectores industriales interconectados”.

El Ministerio consideró que en un contexto de recuperación económica como el actual, “es clave el mantenimiento de la industria existente y la reindustrialización e implantación de nueva actividad en nuestro país, garantizando una buena conexión a la red pública”.

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE UNA DISTRIBUIDORA.

Según el proyecto que se lanza ahora a consulta hasta el próximo 1 de julio, los titulares de estas redes de distribución cerrada deberán ser sociedades mercantiles o cooperativas y tendrán la obligación de cumplir con las obligaciones de una empresa distribuidora.

No obstante, se le exime de ciertas necesidades como disponer de sistemas automáticos de registro de calidad o de plataformas de gestión de permisos de acceso y de inscripción en el registro de distribuidores.

Además, los titulares no podrán reclamar retribución por las redes, a las que se podrán conectar clientes industriales que acrediten tener una actividad productiva relacionada y un máximo de 100 clientes no industriales en un espacio limitado a 5 kilómetros cuadrados. Los clientes no industriales deberán tener relaciones laborales o mercantiles con los propietarios o socios de la red cerrada y representar menos del 1% del consumo total.

Asimismo, las redes no podrán estar conectadas entre sí, debiendo tener fronteras con empresas distribuidoras o con el transportista, con los consumidores o con las plantas de generación conectadas. Tampoco los clientes podrán estar conectados entre sí en cascada, sino a través de la propia red.

Para concentrar la actividad, será el titular de la red quien facture a los clientes conectados a sus redes los peajes, cargos y otros costes de la red, mientras que el consumo energético en sí será individualizado para cada cliente, el cual podrá contratarlo por los cauces habituales a través de un comercializador o directamente en el mercado.

APORTAR FACTURACIÓN, DATOS DE POTENCIA Y ENERGÍA.

El proyecto de real decreto diseña un procedimiento para la autorización de las redes cerradas en el que, además de justificar una capacidad legal, técnica y económica, los interesados deberán aportar información de facturación, datos de potencia y energía y esquemas de conexión tanto de la situación anual como de la evolución futura.

La autorización deberá contar con el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tendrá que analizar la propuesta en distintos escenarios para que la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico no se ve afectada.

Además, aunque la implantación de estas redes cerradas producirá un descenso de los ingresos por peajes -al pasar de tener varios consumidores de menor tamaño conectados a distintas tensiones de la red de distribución a un gran consumidor conectado a una red de mayor tensión-, esta disminución se verá compensada por la reducción de las inversiones con cargo al sistema, que pasarán a ser realizadas por los titulares de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y por los incrementos de la demanda proyectados.