MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Haciendas y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Gobierno evaluará aplicar de manera permanente el impuesto temporal a la banca planteado, tras los dos años de aplicación previstos en la iniciativa parlamentaria.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para aplicar un impuesto temporal a las grandes energéticas y bancos en España, contempla la aplicación de un gravamen provisional para los próximos dos años, es decir, 2023 y 2024.
“Una vez que termine ese periodo, evaluaremos el rendimiento de esta figura fiscal y el momento que vivamos, que espero que para entonces, ya no estemos en esta situación de invasión en una parte de Europa y, por tanto, podamos plantearnos las cosas y la política fiscal de la aportación de aquellas grandes empresas de una forma sosegada”, ha afirmado la ministra.
Sin embargo, el Gobierno mantiene la previsión de que el gravamen se aplique para dos años. “Lo evaluaremos al finalizar”, ha afirmado al respecto, después de recordar que la política fiscal del actual Ejecutivo “es muy clara”: “Frente a aquellos que protegen a las élites económicas, como el PP, nosotros protegemos a la mayoría social de este país”.
UNA RECAUDACIÓN DE 7.000 MILLONES DE EUROS
El Gobierno presentó a finales de julio una proposición de ley para gravar de forma temporal los ingresos de las energéticas y los márgenes y comisiones netas de las grandes entidades financieras, con el objetivo de recaudar en torno a 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024.
En concreto, la iniciativa parlamentaria incluye un gravamen del 1,2% de la cifra de negocios de grandes eléctricas, gasistas y petroleras. Estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
Para las grandes entidades financieras, el gravamen buscará recaudará 1.500 millones de euros cada año. En concreto, se aplicará un tipo del 4,8% sobre su margen de intereses –intereses cobrados menos pagados– más sus comisiones netas –cobradas menos pagadas.
El Gobierno planteó en julio un impuesto “excepcional y temporal” dirigido a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés”, que, en principio, tendrá una duración de dos años –sobre los ejercicios 2022 y 2023– y que buscará recaudar 1.500 millones cada año.
