El Gobierno espera que se agilicen las ayudas directas para que lleguen a empresas en las “próximas semanas”

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El nuevo secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, espera que se agilice el proceso para distribuir los 7.000 millones transferidos a las comunidades en ayudas directas para que a lo largo de las próximas semanas las empresas y autónomos reciban los fondos correspondientes.

“Las comunidades autónomas han suscrito los convenios con Hacienda, se han transferido los fondos a todas las comunidades y ya están en marcha las convocatorias para que el dinero llegue a las empresas”, ha señalado el secretario de Estado durante su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados.

García Andrés ha defendido la adopción de esta medida ante la necesidad adicional de las empresas para afrontar problemas de solvencia por la crisis. “El objetivo de este paquete es reforzar a las empresas viables pero afectadas por la crisis”, ha señalado.

Dentro del real decreto de ayudas directas también se incluyó un fondo de 3.000 millones para la reestructuración financiera de las empresas, para lo que también se aprobó el código de buenas prácticas para canalizar ese proceso entre las entidades bancarias y el Estado. Según ha informado el secretario de Estado, ya ha finalizado el plazo de adhesión y hay un 98% de la deuda avalada cubierta por las entidades que se han adherido.

“Esto nos permite tener confianza en que este esquema va a ser útil para facilitar la reestructuración de la deuda avalada en aquellas empresas que lo necesiten por un problema de sobreendeudamiento para facilitar su viabilidad y su reactivación en este entorno de recuperación”, ha enfatizado.

“ADAPTAR” LOS INSTRUMENTOS A LA RECUPERACIÓN

El secretario de Estado ha defendido las medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo para afrontar esta crisis, lo que ha supuesto un mejor comportamiento frente a la crisis anterior. Según ha señalado, las medidas tienen un coste en 2020 y 2021 que refleja un aumento de emisión de deuda pública de 150.000 millones de euros.

Entre ellas, García Andrés ha señalado los avales a empresas o los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque ha advertido de que se debe ir pensando en cómo “adaptar” los instrumentos de apoyo a la situación de recuperación económica.

En este sentido, ha destacado que ya se inició esa adaptación con la última prórroga de los ERTE. “Se introdujeron elementos para impulsar la activación y los datos de ritmo de salida de los ERTE desde que se han prolongado son muy positivos”, ha remarcado.