El Comité deberá estar formalmente constituido en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor mañana de la orden
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha creado el Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Medidas Antifraude de este Departamento, según dispone la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Comité es un órgano colegiado de carácter temporal, estando su existencia vinculada a la aplicación del Plan de Medidas Antifraude, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez finalizada la ejecución de las actuaciones sujetas al referido Plan y realizadas las tareas ‘ex post’ que procedan en el marco del mismo, el Comité cesará en su actividad y quedará suprimido.
Entre sus funciones, el Comité deberá proponer a la persona titular de la Subsecretaría la aprobación de las revisiones del Plan de Medidas Antifraude, e impulsar cuantas actuaciones considere oportunas para mejorar e implementar el referido Plan.
Tendrá que aprobar el plan de control interno en la lucha contra el fraude y la corrupción, incluyendo los conflictos de intereses y la doble financiación y definir un sistema de muestreo suficiente en relación con los ámbitos de gestión con elevada carga de trabajo por razón del número de expedientes o características de los procedimientos.
También deberá aprobar, a propuesta de la Inspección de Servicios, un informe anual sobre el grado de cumplimiento de las medidas del Plan, sus principales resultados y las recomendaciones de revisión, en caso necesario y evaluar los asuntos que reciba que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de interés o doble financiación para decidir su remisión a los órganos competentes y el seguimiento de los mismos.
De acuerdo con la orden, el Comité deberá estar formalmente constituido en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la orden que será este martes. Según desprende la orden, esta norma no genera cargas administrativas para los ciudadanos, no restringe ningún derecho, ni supone un mayor gasto, ya que la creación del órgano colegiado y su funcionamiento serán atendidas con los medios personales, técnicos y presupuestarios del Ministerio.
