MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha publicado la convocatoria de casi 544 millones de euros en ayudas dentro del programa ‘Unico 5G Redes Activas’ para el despliegue del 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes, unas subvenciones que están marcadas por el posible veto a los equipamientos chinos, lo cual ha provocado que Huawei y Vodafone hayan recurrido la orden de bases que las regula.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre y las subvenciones se destinarán al equipamiento activo y la infraestructura adicional necesaria para proveer de 5G a las zonas rurales de España en las que se ha identificado que no existe en la actualidad –y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años– una cobertura 4G que proporcione al menos 50 Mbps en sentido descendente.
“Esta convocatoria tiene como objetivo dotar de la disponibilidad de servicios 5G con las características indicadas a las zonas más rurales, por lo que se han seleccionado como elegibles aquellas zonas que cumplen los requisitos para ser objeto de la ayuda y que se encuentren ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes”, añade el texto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los casi 544 millones de euros en ayudas se repartirán entre las 50 provincias españolas y se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.
En el caso de que en alguna de las zonas elegibles solo haya un proyecto que cumpla los requisitos “se le podrá otorgar hasta el 100% de la financiación disponible”, mientras que si en una misma provincia más de un proyecto cumple las exigencias “el proyecto mejor valorado podrá obtener como máximo una ayuda correspondiente al 75% de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia”.
“En el caso de que no se agote la totalidad de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia, se continuará con los restantes proyectos siguiendo el orden de puntuación obtenida, hasta que se agote el presupuesto de la zona de concurrencia, siempre que dichos proyectos cumplan los requisitos establecidos”, añade el texto.
RECURSO CONTRA LAS BASES REGULADORAS
Las bases reguladoras de esta convocatoria de ayudas para el despliegue del 5G rural en municipios de menos de 10.000 habitantes están recogidas en la Orden 685/2023 del Ministerio de Asuntos Económicos, un texto que ha sido recurrido tanto por Vodafone como por Huawei debido a que incluye un posible veto a los equipamientos chinos.
La citada orden ministerial indica que “los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España”.
Si bien España todavía no ha publicado su lista de proveedores de riesgo, la orden ministerial apostilla que, si una vez ejecutado el proyecto, “el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario (de las ayudas) es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado”.
En este contexto, Huawei considera que la mencionada orden ministerial “contiene una provisión contraria a derecho y desproporcionada”.
A juicio de Huawei, la redacción de la orden interfiere con la libertad de los operadores para elegir el “mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad” y, en su lugar, “busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios”.
Además de Huawei, Vodafone España también presentó un recurso administrativo contra la orden ministerial a finales del pasado septiembre, según han indicado fuentes de la compañía a Europa Press.
En ese sentido, desde la operadora consideran que las condiciones impuestas son “injustas” y su objetivo es que se modifiquen las mismas.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han señalado que este posible veto a los equipos chinos en las ayudas para el despliegue del 5G rural penaliza a las operadoras que los utilizan y “favorecen a Telefónica”, menos expuesta a esta circunstancia dado que sus proveedores son fundamentalmente Ericsson y Nokia.
Las mismas fuentes han indicado que, si bien no ha dado el paso de presentar un recurso administrativo, Orange tampoco está conforme con el posible veto a los equipamientos chinos en la concesión de estas ayudas. En ese sentido, Orange ha declinado realizar comentarios al respecto.
