El Gobierno busca elevar las multas a empresas por cártel hasta 50 millones o el 10% de las ventas mundiales

También quiere incrementar de 60.000 a 400.000 euros la multa a los directivos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha propuesto una modificación legal en la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel.

Según se desprende de una enmienda registrada a la ley por la que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE propone endurecer las multas en el marco de la Ley de Competencia tanto a las empresas como a los directivos de las mismas.

De este modo, aquellas compañías que infrinjan la normativa, podrán ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es “muy grave”, como es el caso de pertenecer a un cártel.

La normativa actual dispone que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones y las muy graves por encima de los 10 millones.

LA MULTA EN UN PRINCIPIO SE CALCULA SOBRE LA FACTURACIÓN MUNDIAL

No obstante, siempre que se pueda, las multas se calcularán en función de la facturación mundial de la empresa y no la total, como está dispuesto actualmente.

Así, las leves se calcularían sobre el 1% del volumen de negocios mundial de la compañía o asociación de empresas participantes en el cártel; las graves con hasta el 5% del volumen y las muy graves con hasta el 10% del volumen.

Estos porcentajes en muchos casos implicarían una mayor cuantía si se comparan con las cuantías fijas de multas propuestas por el PSOE, sobre todo en los casos de infracciones muy graves. En el caso de una empresa que a nivel mundial facture, por ejemplo, 1.000 millones de euros, las multas oscilarían entre el millón y los 100 millones de euros.

De su lado, la enmienda del PSOE también incrementa de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los directivos de la empresa infractora. De esta multa, sugiere el Grupo Socialista, quedarían eximidos aquellas personas que, formando parte de los órganos de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto ante una supuesta decisión que infrinja la ley.