El Gobierno aprueba un nuevo ‘mapa’ de incentivos a la contratación para favorecer el empleo estable

Las empresas beneficiarias tendrán que mantener el empleo tres años y las que se deslocalicen fuera de la UE tendrán que devolver las ayudas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de los incentivos a la contratación laboral, por la que se establece un nuevo ‘mapa’ de bonificaciones para promover la contratación y el mantenimiento del empleo estable del conjunto de los trabajadores, aunque prioritariamente de aquellos considerados colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con el Real Decreto-ley aprobado hoy, “todo” el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de “premiarse” la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Díaz ha argumentado que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un “peso muerto”, pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables.

Con esta norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige esta situación, se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen “definitivamente” las reducciones de cotizaciones.

Las empresas que reciban incentivos a la contratación tendrán que mantener el empleo durante tres años. Estos incentivos, que anteriormente estaban “dispersos” en varias normas, pasan a ser lineales, y no porcentuales. Así, por ejemplo, la contratación de jóvenes menores de 30 años no cualificados se bonificará con 275 euros mensuales.

Díaz ha subrayado que se han eliminado “un montón” de bonificaciones y se han creado otras nuevas, como la de los menores de 30 no cualificados ya mencionada o la que se concederá por convertir contratos eventuales en fijos-discontinuos.

También se contemplan bonificaciones para impulsar el autoempleo y la economía social, permitiéndose la capitalización de la prestación por desempleo, como medida de fomento del empleo, tanto para las sociedades laborales como para las cooperativas, posibilitando que los trabajadores por cuenta ajena puedan adquirir la condición de socios trabajadoras o de trabajo.

Al mismo tiempo, el Real Decreto-ley permitirá que puedan ser incentivadas las medidas acordadas en los convenios colectivos que incluyan compromisos como el mantenimiento o el incremento del empleo, la conversión de contratos formativos o de relevo en indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo-discontinuo en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario.

El nuevo sistema se evaluará de forma permanente, con lo que “ningún incentivo tendrá carácter estructural”, pues sólo se mantendrán los que funcionen, según ha indicado la vicepresidenta segunda.

EMPRESAS QUE SE DESLOCALICEN DEBERÁN DE VOLVER LAS AYUDAS

Díaz ha resaltado además que esta norma forma parte de las reformas comprometidas a Bruselas en el Plan Nacional de Recuperación. En concreto, con ésta, ya son diez de un total de once las reformas puestas en marcha que se habían prometido a Bruselas en el componente 23 del Plan de Recuperación.

Las bonificaciones a la contratación suponen en su conjunto un 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. En 2020, por ejemplo, las bonificaciones de cuotas con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascendieron a 1.821,6 millones de euros.

La norma establece que las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea o del de Espacio Económico Europeo (EEE) deberán proceder a la devolución de todas las bonificaciones a la Seguridad Social de las que se hayan beneficiado durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Igualmente, tendrán que reintegrar las subvenciones públicas obtenidas en materia de contratación y empleo.

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