El Gobierno aprueba un decreto para desarrollar normas de control y régimen sacionador sobre el tabaco crudo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se desarrollan las normas de control sobre el tabaco crudo y su régimen sancionador, encaminado a controlar el mercado del tabaco crudo, así como a evitar que se emplee este producto para fabricación clandestina o comercio irregular de tabaco.

En concreto, este reglamento desarrolla una serie de elementos de control, como también un régimen sancionador encaminado a perseguir posibles actividades ilícitas y posibles incumplimientos, ya que en los últimos años se está registrando un aumento en el tráfico ilegal de tabaco crudo en España y en otros países de la UE.

Esta norma supone desarrollar lo establecido en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ha establecido por primera vez en España, y para todo el territorio nacional, unas normas de registro, contabilidad y documentos de circulación y su correspondiente régimen de infracciones y sanciones sobre los operadores y establecimientos que trabajan con tabaco crudo.

Este desarrollo normativo se debe al creciente desvío de este producto como materia prima para la fabricación clandestina de labores del tabaco, incluidas en el ámbito del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, por parte de operadores irregulares no autorizados ni inscritos como fabricantes legales de dichas labores, así como la venta directa o indirecta de tabaco crudo a consumidores finales.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha señalado que esas prácticas ilícitas suponen una serie de riesgos fiscales, sanitarios y de consumo que se pretenden atajar con esta norma.

CONTROL SOBRE OPERADORES Y TRANSPORTISTAS

De esta forma, este reglamento permite que los operadores económicos de este sector puedan trabajar con la suficiente seguridad jurídica.

El régimen de control se aplica a los operadores de dicho producto, transportistas y demás personas que intervengan en la comercialización y distribución.

Así, se establecen un conjunto de obligaciones de índole registral, contable y de información, regulando las facultades de los órganos de control y un régimen sancionador específico aplicable al incumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley.