El Gobierno aprueba ayudas de 15.000 euros para las locomotoras de tracción diésel privadas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado una línea de ayudas directas a empresas ferroviarias privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes, que se traducirá en hasta 15.000 euros por cada locomotora, según ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El importe total de estas ayudas ascenderá a 1,8 millones de euros, con los que el Ejecutivo prevé paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por esta causa.

Serán beneficiarias de estas ayudas las empresas de titularidad privada que tengan inscrita alguna locomotora con tracción diésel empleada en el transporte de mercancías en calidad de poseedores y en estado activa. En ningún caso la ayuda superará los 400.000 euros por empresa.

Durante un plazo de 30 días, los solicitantes deberán presentar solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario que a tal efecto se ponga a disposición de las empresas.

Asimismo, Adif, el gestor ferroviario público, recibirá una compensación por el producto del diferencial de precios por la energía de tracción consumida por los trenes que circulan por su infraestructura y que estén destinados al transporte de mercancías desarrollado por operadores privados.

Este diferencial de precios se calculará entre el precio medio correspondiente al cierre del ejercicio 2021 y la media mensual registrada en cada mes del ejercicio 2022. Para la financiación de esta última medida se ha aprobado un crédito extraordinario de 3 millones de euros.

El importe recibido por el administrador de infraestructuras será repercutido entre las empresas ferroviarias operadoras privadas de transporte de mercancías con la misma distribución mensual que la factura por el consumo de tracción que les realiza el administrador de infraestructuras, con una repercusión máxima por operador de 2 millones de euros al mes.