El Defensor del Pueblo pide verificadores en las denuncias de fraude eléctrico por falta de garantías

Más de 41.000 solicitudes del bono social eléctrico han sido denegadas por no poderse calcular la renta

Echa en falta el desglose de energía consumida en cada tramo horario en la nueva factura PVPC con franjas punta, valle y llano

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo recomienda en su ‘Informe Anual 2021’ actualizar la regulación sobre el fraude en energía para mejorar la objetividad del sistema y dotarlo de las suficientes garantías, y para ello plantea la intervención de personal independiente, que actuaría como verificador del fraude acreditado por sistemas de certificación.

En su informe, el Defensor recuerda que ya en 2019 planteaba la necesidad de que los procedimientos de persecución y detección de las situaciones de fraude se desarrollaran con las suficientes garantías y desde entonces no cree que se hayan dado avances significativos.

Otras propuestas son el establecimiento del principio de revisión por la Administración, dar efecto suspensivo a la reclamación y regular el procedimiento de reconexión una vez se supere la irregularidad.

LA MAYORÍA SE VEN AFECTADOS SIN SER PARTE DEL PROBLEMA

En su informe, el Defensor destaca las numerosas quejas recibidas por el corte de suministro, que afectan en especial a las personas más vulnerables, e incluso en casos de beneficiarios del bono social, casos que requieren un procedimiento específico que, sin embargo, “comúnmente no llevan a cabo las empresas suministradoras”, advierte.

En los cortes de suministro, el Defensor destaca los casos de cortes motivados a la presencia de enganches ilegales, lamentando que, “con frecuencia, este problema oculta la realidad de la mayor parte de los ciudadanos afectados, que nada tienen que ver con tales actividades y, sin embargo, se ven perjudicados, en ocasiones hasta en su dignidad y su salud, como consecuencia de la falta de suministro”.

Citando casos en el norte de Granada y en zonas de Almería, el Defensor llama la atención que, pese a asociarse los cortes a una situación fraudulenta, no se están incoando expedientes de sanción, según se reconoce, por dificultades procedimentales para sancionar y perseguir estas conductas.

SIN RESPUESTA DE MADRID A LAS RECOMENDACIONES POR LA CAÑADA

Respecto a la falta de suministro en la Cañada Real Galiana de Madrid, lamenta que pese a las recomendaciones de hace un año para garantizar un suministro de urgencia, la situación no ha cambiado en el sector con mayor población e informa que el pasado noviembre formuló nuevas recomendaciones al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada, una de ellas insistiendo “que no es aceptable que se llegue a los períodos de mayor frío sin desplegar un plan de emergencia”.

Pese a ser recibido el 28 de diciembre en su sede e insistirse en estas preocupaciones, el Defensor no ha recibido preceptiva respuesta sobre esta cuestión e incide en que los realojos iniciados no pueden servir de excusa para pensar que el problema se resolverá a través de la eliminación de las viviendas existentes en un plazo de tiempo aceptable.

“En el mejor de los casos”, apunta el Defensor, “esa solución necesitaría de años y no resulta aceptable desde ningún punto fde vista que las personas que allí viven permanezcan privadas del acceso a un sumininistro esencial como la energía eléctrica”.

CORTAR SIN AVISO ES INCUMPLIR LA NORMATIVA

Esta entidad también refiere una queja de la Comunidad, a través de su Dirección de Industria, Energía y Minas, acerca de que un corte de suministro sin notificación previa por parte de una comercializadora suponía un incumplimiento de la ley, llegando a reconocer la administración autonómica que su supervisión de este tupo de situaciones se limita a la existencia de denuncias ante el volumen de suministros.

El Defensor señala que esta vía de revisión administrativa no es muy conocida y que, además, “la falta de actividad preventiva puede suponer un incentivo para eventuales conductas abusivas por parte de las compañías suministradoras”.

Otras preocupaciones remarcadas por la institución son los niveles de información en la factura, las solicitudes de cambio de potencia contratada y la acumulación de facturas de consumo no puestas al día por parte de las comercializadoras.

ACUMULACIÓN DE FACTURAS NO EMITIDAS

En este sentido, señala que el pasado 22 de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que la falta de facturación en plazo y el retraso en la toma de lecturas reales debe tratarse como error administrativo y que el período a facturar o rectificar no puede exceder de un año, debiéndose prorratearse en tantas facturas mensuales como en meses transcurridos sin facturación.

En estos casos, incide el Defensor, la comercializadora debería promover ante sus clientes el fraccionamiento de las facturas retrasadas, una vez que tenga los datos necesarios y asegurarse de que los consumidores son conocedores de esta opción y cuentan con un canal sencillo para aplicársela.

También recomeiendan que, una vez se solucione el problema que impide facturar con normalidad, las comercialzadoras no pasen al cobro ninguna cantidad sin avisar previamente a los clientes, tomando medidas para cerciorarse de la recepción de este aviso previo y de su comprensión por el cliente.

Otras quejas recibidas se refieren a la estructura de la factura por tramos horarios a consumidores acogidos a la tarifa regulada, la conocida como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), señalando el Defensor que falta desglose por tramos horarios (punta, valle y llano).

INEFICIENCIAS EN EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

Finalmente, el Defensor también informa de quejas por ineficiencias en la gestión del bono social eléctrico por problemas a la hora de reconocer la condición de beneficiario por alegar las empresas que no pueden calcular los niveles de renta, una situación que sae da en hogares con bajos ingresos que no han presentado declaración del IRPF o en familias numerosas que, por tener reducidos niveles de renta, solicitan la declaración de vulnerabilidad severa.

Pese a que en estos supuestos la normativa prevé la posibilidad de reclamar ante los servicios sociales autonómicos, “estos no están actuando en la práctica como órganos de revisión”, critica el Defensor, debiendo recurrir a la Agencia Tributaria el perjudicado para contar con un certificado de acreditación de ingresos.

Ante este problema, el Defensor inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Energía, que informó de que 41.445 solicitudes habían sido denegadas por no poderse realizar el cálculo de la renta, ante lo cual esta institución estudia hacer recomendaciones para solventar esta situación.