El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves 3 de enero la convalidación del Real Decreto-ley que permitirá al Gobierno elevar su participación en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) por encima del 50% y tomar el control del conocido como ‘banco malo’.
PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han votado a favor, mientras que la CUP, Bildu, BNG y ERC se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Concretamente, ha habido 268 votos a favor, 53 en contra y 28 abstenciones.
De este modo, este Real Decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido en el Pleno en que “la reforma da al Estado las herramientas para gestionar lo que es suyo” y que pretende adaptar la gestion de la Sareb a “la realidad económica actual”.
El Gobierno aprobó el pasado 18 de enero un cambio legal que le permite tomar el control de Sareb, tras su reclasificación en las cuentas públicas por el cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat, que ha obligado a asumir como deuda pública los casi 35.000 millones que Sareb tenía pendiente de devolver al cierre de 2020.
Sareb emitió en el momento de su constitución 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas.
En ese contexto, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) hizo el 28 de enero una oferta formal para adquirir la totalidad de acciones de la Sareb a razón de 1 céntimo por cada 39.710 acciones. Hasta entonces, el FROB controlaba el 49,5% de la sociedad.
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros. Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.
La vicepresidenta primera ha explicado que el Real Decreto-ley da a la compañía la flexibilidad necesaria para la liquidación de los activos que le fueron transferidos, para lo que se eliminan los límites a la participación del Estado, se imponen limitaciones salariales de acuerdo con las del sector público y se adapta su régimen jurídico y de supervisión de la Sareb, aunque no se convertirá en una sociedad mercantil estatal, sino que seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado.
Por último, la norma introduce el principio de sostenibilidad de la enajenación de activos. “El papel de la Sareb en materia de vivienda se debe realizar respetando el objetivo único de esta sociedad, que es optimizar el valor de sus activos y maximizar los recursos obtenidos para amortizar su deuda”, ha incidido.
Calviño también ha declarado que la optimización de valor no se puede dar solamente en términos económicos, sino que debe de existir también en un sentido social, para lo que se introduce la posibilidad de que la sociedad elabore estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o no lucrativas.
Algunos de los diputados que han intervenido en el debate han criticado además la forma en la que se ha llevado a cabo la reforma de los artículos en cuestión, al considerar que no se trata de algo urgente porque el cambio de Eurostat se conoce desde hace un año.
El diputado del Grupo Popular Miguel Ángel Paniagua ha incidido en que con esta estrategia, el Gobierno quiere evitar controles legislativos y reducirlos a la mínima expresión. No obstante, el grupo parlamentario votará a favor de la convalidación del Real Decreto-ley.
Varios de los diputados también han recordado la promesa del entonces ministro de Economía y Competitividad de España y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, de que la Sareb “no iba a costar ni un euro a los españoles”.
