El Congreso aprueba la Ley General de Telecomunicaciones con 100 Mbps como mínimo para toda España desde 2023

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley General de Telecomunicaciones que, gracias a una enmienda aprobada en el Senado, adelantará a junio 2023 la obligación de que estén disponibles conexiones de 100 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente en todo el territorio para la prestación del servicio universal.

La ley, que ha sido aprobada con votos a favor de todos los grupos de la Cámara excepto Vox, estaba contemplada como una reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y transpone una directiva europea.

Previamente, el Gobierno había establecido en su estrategia ‘España Digital’ que 2025 sería el año en que los 100 Mbps serían la velocidad mínima de conexión en toda España.

Otras de las novedades que introduce el texto legislativo son: la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a Internet y deberás ser prestado por todos los operadores, así como mayores derechos para los usuarios y requisitos en materia de accesibilidad.

Fruto de su paso por el Senado, la ley obligará también a que los operadores presten atención al cliente en todas las lenguas oficiales del estado.

El servicio universal queda fijado a una velocidad mínima de 10 Mbps ampliables a 30 Mbps mediante un desarrollo reglamentario, que ya ha comenzado sus consultas, hasta la llegada de los 100 Mbps.

Asimismo, las cabinas salen del servicio universal y se abre la puerta a que se transformen en puntos de recogida de paquetes, puntos de Internet o teléfonos de emergencia.

El diputado del Partido Popular, Mario Cortés, ha destacado en su intervención en el debate que se trata de “una de las pocas leyes” que han sido pactadas entre PP y PSOE durante la legislatura, lo que ha considerado “un triste balance”.

Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la importancia de la conectividad y los 100 Mbps simétricos (también de subida y no solo de bajada como establece la ley) en el ámbito rural y sus aplicaciones para ámbitos como la agricultura y la educación.

LLAMADAS NO DESEADAS Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 HORAS

Respecto a las disposiciones destinadas al usuario, se limita la duración de los contratos a 24 meses, se regulan por primera vez los paquetes de servicio, se amplían los derechos de portabilidad y se permitirá conservar el saldo de un móvil prepago al cambiar de operador.

Otra novedad incluida contempla la obligación de precisar en el resumen del contrato todas las condiciones y mecanismos de resolución del mismo, así como sus costes asociados.

Durante su tramitación parlamentaria, los grupos han aprobado reconocer el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas únicamente a personas que previamente hayan dado su consentimiento, aunque deberán pasar 12 meses.

Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria también se ha reconocido el derecho de los consumidores a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación especial y el deber de los operadores a contar con servicios de atención al cliente de forma telefónica para “garantizar en todo momento una atención personal directa”.

OTRAS MEDIDAS

El texto permite, además, crear una red de alertas nacionales en caso de catástrofe, que permita avisar a los ciudadanos a través de su teléfono móvil.

Otra novedad es la previsión legal de contar con un punto de gestión única para acceder a información sobre condiciones, procedimientos y obligaciones tributarias en el despliegue de las redes de comunicaciones.

También se habilita a las administraciones públicas a prestar directamente servicios de telecomunicaciones, así como a instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.

Asimismo, estas administraciones podrán exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad, y se imposibilita a las comunidades de propietarios a rechazar la instalación de redes en su propiedad si no existe una alternativa viable.