MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El 73% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago “superiores a los deseados” para poder mantener su cartera de clientes, según ha concluido un estudio de Crédito y Caución e Iberinform, que señaló, además, que un 11% del tejido productivo trabaja por encima de los 90 días de plazo, un valor similar a 2019.
Por su parte, el 51% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, dos puntos por encima de los niveles de 2019.
Según el estudio, en el que se ha encuestado a casi 800 gestores, el mejor comportamiento en cuanto a plazos de pago se registra en el sector público y el peor, entre las pymes y la gran empresa. Solo el 9% de las compañías tienen que aceptar una extensión indeseada de los plazos de pago por parte de la Administración, un porcentaje “sensiblemente inferior” al de 2008.
Por otro lado, la capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago también se reduce hasta el 17%. En el caso de la pyme y la gran empresa este valor llega al 42% y 43%, respectivamente. Los autónomos y las pequeñas, medianas y grandes empresas registran peores cifras que en 2022, según ha señalado Iberinform.
Un 59% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, doce puntos más que en 2022. Esta es la razón más citada para explicar la morosidad empresarial, por delante del retraso intencionado (51%), la complejidad del procedimiento de pagos (16%), la emisión de facturas incorrectas (8%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%).
En general, el estudio detectó que en 2023 los plazos de pago se estabilizaron en valores muy similares a los de 2022 y 2021, cuando los estímulos fiscales y las inyecciones extraordinarias de liquidez al tejido productivo devolvieron los plazos de las ventas a crédito en el B2B a niveles pre Covid-19.
En el comunicado Crédito Caución e Iberinform han explicado que la pandemia, correspondiente a las oleadas de 2020 y 2021, mostró un cambio en el comportamiento de los dos principales segmentos empresariales en España. En el caso de las pymes, se observó un “claro crecimiento” de su imposición de plazos de pago más largos. Por contra, entre las grandes empresas se reflejó una estrategia de protección de la salud financiera de sus proveedores.
