MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El 43% de las gestoras nacionales e internacionales que operan en España aún no contaba en 2020 con ningún empleado a tiempo completo dedicado a la gestión bajo criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), aunque se ha registrado un descenso en comparación con el 48% registrado en 2019.
Así lo recoge el informe ‘La inversión sostenible y responsable en España’, elaborado por Spainsif y presentado esta semana en su evento anual.
El 33% de las gestoras, por el contrario, contaba el año pasado con más de cinco empleados a tiempo completo para esa gestión, en tanto que el 24% tenía entre uno y cinco.
A tiempo parcial, el 50% de las firmas carecía de empleados para esta gestión, frente al 36% que sí contaba con entre uno y cinco y el 14% que tenía cinco o más empleados.
A pesar de que aún hay muchas gestoras que carecen de empleados, el porcentaje ha bajado de manera significativa respecto a 2018, cuando el 80% afirmaba que no contaba con ninguno a tiempo completo y el 64% tampoco lo hacía a tiempo parcial.
La inversión bajo criterios ESG se ha disparado en los últimos años e incluso se ha visto beneficiada por la pandemia: en 2020, los activos ESG aumentaron en España un 21% hasta los 345.314 millones de euros, de los que 228.551 millones se corresponden con entidades nacionales y los 116.763 millones restantes, con activos de organizaciones internacionales comercializados en España.
Asimismo, por primera vez, la mayoría del mercado local es sostenible, con un 54% de los activos, mientras que en el mercado internacional estos abarcan el 98%.
El patrimonio de los fondos nacionales bajo criterios ESG, por su parte, ha aumentado un 21,89% en los tres primeros trimestres del año, hasta los 45.716 millones de euros, y ya es equivalente a un 14,41% del patrimonio total de los fondos, según los datos de Vdos.
Las gestoras parecen cada vez más concienciadas del impacto que tienen sus inversiones en el clima y muchas excluyen a compañías que se dedican a actividades contaminantes de sus carteras.
Las temáticas más evitadas por las encuestadas por Spainsif son las inversiones en bombas racimo y minas antipersona, con un 79% de las respuestas, seguido de las armas de destrucción masiva, con el 67% y la producción y el comercio de armas, con el 21%.
En cuanto a las desinversiones en combustibles fósiles y carbón, las entidades internacionales muestran una mayor sensibilidad: el 59% evitan financiar estas actividades frente al 16% de las nacionales.
De todas formas, se han ido poniendo en marcha medidas destinadas al cumplimiento del Acuerdo de París, por el que los gobiernos se comprometen a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en los próximos años.
La tendencia a la disminución de las emisiones perjudicará a aquellas compañías que no estén preparadas para la transición energética, y no solo desde el punto de vista regulatorio, sino también desde el de la búsqueda de financiación.
El responsable de BlackRock en España y Portugal, Aitor Jauregui, ya advirtió esta semana en un evento organizado por Red Eléctrica de que aquellas empresas que no aborden la sostenibilidad en sus consejos de administración van a tener que afrontar un mayor escepticismo en los mercados frente a las que sí lo hagan, lo que encarecerá el coste del capital.
Ante esta situación, los accionistas y gestores de activos tienen una gran responsabilidad, según el Estudio Global de Inversión elaborado por Schroders, en el que el 53% de los inversores considera que los gestores de inversiones y accionistas mayoritarios deben ser los encargados de mitigar el cambio climático.
Este porcentaje supone un “aumento sustancial” respecto a las cifras registradas en 2017, cuando solo los señalaba el 46% de los inversores encuestados.
LA SOSTENIBILIDAD NO ESTÁ REÑIDA CON LA RENTABILIDAD
La presidenta de Red Eléctica, Beatriz Corredor, hizo hincapié en las jornadas sobre sostenibilidad organizadas esta semana por la energética que una mayor preocupación por la sostenibilidad no significa una menor rentabilidad para las compañías. “La cuenta de resultados no se discute. Tienes que dar rendimiento, pero eso no es incompatible”, señaló Corredor.
Coincide con Corredor la firma KPMG, que señala en un artículo publicado recientemente en su página web que más allá del compromiso sobre la incorporación de factores ESG, “no se debe perder de vista que el objetivo último continuará siendo garantizar la rentabilidad”.
“Aunque todos queremos avanzar hacia un mundo más sostenible, el ‘retail’ antepone la rentabilidad a la sostenibilidad”, ha reconocido el socio responsable de Gestión de Activos de KPMG en España, Javier Muñoz. No obstante, asegura que será una tendencia que irá revirtiéndose ante el convencimiento de que “se puede ser sostenible e igualmente rentable”.
Los fondos europeos podrían ser uno de los mayores incentivos para el auge de la inversión ESG, ya que irán destinados a proyectos que abanderen objetivos de descarbonización y digitalización de la economía.
LA ‘S’ DE SOCIAL, LA MÁS OLVIDADA
Corredor llamó la atención durante las jornadas de sostenibilidad de la firma sobre la menor atención que reciben las cuestiones sociales en comparación con otras, como las medioambientales, que sí cuentan con una armonización de la taxonomía, un mayor consenso y unas métricas comunes.
El 6 de julio de este año se publicó un informe sobre las posibilidades de desarrollo de una Taxonomía Social que indica las inversiones necesarias en este sentido para alcanzar los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Esta tiene ciertas particularidades que no se contemplan en la Taxonomía Verde. La creación de empleo por parte de cualquier actividad económica es vista como “intrínsecamente beneficiosa”, en tanto que recoge aspectos como la negociación colectiva o la transparencia fiscal, que no se vinculan con las ocupaciones, sino con la organización.
Además, señala que en ciertos temas sociales es “muy complejo” desarrollar criterios cuatitativos significativos, según ha explicado Spainsif en su informe ‘La dimensión social de la inversión sostenible’.
Este concluye que el 92% de las entidades financieras ha asegurado que incorpora aspectos sociales en su análisis ESG. De estas, un 33% los valora como de importancia alta y un 44% como muy alta, en tanto que solo un 27% declara no darle más importancia a este criterio después de la pandemia.
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