MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Un estudio sobre la inversión sostenible presentado este jueves por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el despacho de Gabeiras & Asociados y Triodos Bank ha señalado que casi el 20% de las empresas invertidas por fondos españoles “verdes” (adscritos al artículo 9 del reglamento SFDR de la Unión Europea) presenta problemas con algún criterios ESG (siglas en inglés de ambientales, sostenibilidad y gobernanza).
Una nota de prensa conjunta ha señalado que esas dudas en cuanto a la correcta aplicación de criterios ESG se deben por la exposición, en inversiones de deuda corporativa y de renta variable, a sectores como el tabaco, alcohol, juego o armamento, así como la minería o el petrolero.
Por ello, han apuntado que “tanto el hecho de la inversión residual en sectores controvertidos como la utilización mayoritaria de criterios best-in-class para la toma de decisiones de inversión en renta variable arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como artículo 9”.
El director de la Cátedra Internacional de Finanzas SosteniblesUPF-BSM y Triodos Bank, Marcos Eguiguren, ha considerado que en estos momentos en los que “se siembran dudas sobre la inversión ESG, especialmente en Estados Unidos, conviene revisar el marco regulatorio europeo y la realidad de lo que nuestras gestoras califican y comercializan como ‘fondos sostenibles'”.
De su lado, el director general de Triodos Bank España, Mikel García-Prieto, ha argumentado que “la industria debería preguntarse por qué resulta más complejo hacer una inversión verdaderamente sostenible y verde que ir alejándonos de las inversiones ‘marrones’ y ha recordado que el sector “tiene disponibles las herramientas para ello”.
No obstante, en cuanto a si es posible utilizar en este contexto el concepto de ‘greenwashing’, la directora de finanzas sostenibles de Gabeiras&Asociados, Elena Morris, ha comentado que “cuesta hablar de ‘greenwashing’ cuando toda la información analizada en el estudio es pública y el término en sí, en proceso de definir por el regulador europeo, se relaciona con una ocultación de información sobre la sostenibilidad del producto”.
Es necesario “un etiquetado de productos de inversión sostenible e inversión de impacto, como se está elaborando en Reino Unido, para que los inversores tengan la tranquilidad de poder dirigir su dinero a fondos sostenibles y de impacto, sin necesidad de tener que leerse extensos documentos informativos”, ha agregado Morris.
Según los datos aportados por el estudio, el patrimonio de los fondos de inversión clasificados bajo los artículos 8 y 9 del SFDR ha experimentado en España un crecimiento de 84.580 millones de euros, desde marzo de 2021 -cuando entró en vigor la normativa europea-, en el que representaban el 9,8% del patrimonio total de fondos nacionales, hasta el 34,9% a finales de marzo de 2023.
En números absolutos, en marzo de 2021 la inversión en fondos nacionales ESG ascendía a 28.335 millones de euros y en marzo de 2023 esa cifra se multiplicaba prácticamente por cuatro, hasta los 112.915 millones de euros; sin embargo, el peso exclusivo de los fondos del artículo 9 del SFDR sobre el total es casi residual y representa como máximo un 1%, con solo 2.614 millones de euros.
Por tanto, han concluido que la inversión sostenible crece, pero su elemento más puntero y transformador, los fondos artículo 9, apenas lo hace.
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