Economía- Cepyme pide al próximo Gobierno no subir el SMI, menos impuestos y repensar la revalorización de las pensiones

La patronal defiende que en ningún país europeo el SMI representa el 60% del salario medio

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha publicado su lista de propuestas laborales, fiscales y empresariales al futuro Gobierno de España, entre las que se encuentran el “cese” de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una reducción de impuestos y cotizaciones sociales y reflexionar sobre la sostenibilidad del actual sistema de pensiones.

En su manifiesto, la patronal ha expuesto las líneas maestras que considera necesarias para impulsar el tejido productivo y laboral del país, al que consideran “a la cola” en atractivo fiscal y con un “importante deterioro” de competitividad.

En lo que se refiere a las pensiones, la propuesta de Cepyme pasa básicamente por impulsar y hacer atractivo el sistema de ahorro complementario e invitar a la reflexión sobre la sostenibilidad del sistema.

Y es que, la organización cree que ha sido el incremento de las cotizaciones la “única herramienta” para corregir el desequilibrio existente entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. Esto, dice la patronal, ha supuesto unos mayores costes laborales para las empresas, de manera que las bases de cotización han subido más de un 50% en las mínimas y cerca de un 20% en las máximas.

Al mismo tiempo, remacha Cepyme, los tipos de cotización, que sirven para fijar la cantidad que cada trabajador debe aportar a la Seguridad Social, se han situado como los terceros más elevados de toda la Unión Europea. Pero Cepyme advierte que estos tipos se encaminan a una “elevación constante” en los próximos años debido al Mecanismo de Equilibrio Intergeneracional (MEI) y a la cuota de solidaridad, aprobadas con la reforma de pensiones de José Luis Escrivá.

MÁS FLEXIBILIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

Entre las propuestas de Cepyme, recogidas por Europa Press, se incluye también el impulso a un marco laboral competitivo, basado en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, la negociación colectiva como herramienta modernizadora y el cese de la “rápida tendencia alcista” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A cambio de esta subida de salarios, la patronal sugiere considerar la productividad de las empresas y su impacto en el empleo a la hora de evaluar nuevas alzas. Cepyme asevera que “se ha puesto un énfasis excesivo” en que el SMI alcanzara el equivalente al 60% del salario medio nacional, tal como recomienda la Carta Social Europea.

“Eso no se cumple en ningún país europeo”, subraya Cepyme, que indica que hay hasta cinco países en el Viejo Continente que ni tan siquiera tienen un salario mínimo.

A juicio de la patronal, el salario medio es muy diferente en distintas provincias, sectores y tamaños de empresas. Por eso consideran que la meta del 60% “pasó por alto la realidad económica y empresarial de España”, de modo que el salario mínimo “excede largamente esa proporción en muchas provincias”, en particular las afectadas por problemas de despoblación.

UNA FISCALIDAD MÁS AMABLE PARA LA EMPRESA

Por otro lado, la patronal critica la “importante carga” en forma de cotizaciones sociales que asumen las empresas, lo que “desincentiva la contratación” e implica un “aumento los costes laborales”. También carga contra la presión derivada del Impuesto de Sociedades, que entienden que también es “elevada”.

De hecho, Cepyme advierte que las empresas españolas contribuyen a los ingresos públicos por encima de la media de la UE. En paralelo, apunta que el país lidera la presión tributaria sobre el patrimonio. “Resulta clave que España preste atención a los países de su entorno y especialmente aquellos con sistemas fiscales menos gravoso, a la sombra de un gasto público contenido y eficiente”, agrega el texto.

Con este panorama, Cepyme aboga por reducir la presión fiscal y promover el ahorro, así como disminuir las cotizaciones sociales, eliminar impuestos que no existan o sean minoritarios en el entorno europeo, evitar que la fiscalidad obstaculice los movimientos de capitales, y limitar la implantación de nuevos tributos medioambientales y establecer un marco fiscal común en este ámbito para todas las CCAA.

En su manifiesto, la organización también insta al futuro Gobierno a acometer políticas que favorezcan el crecimiento del tamaño de las empresas, que son en España de las más reducidas de Europa.

EL AUMENTO DE LAS EMPRESAS PUEDE APORTAR 1,3 MILLONES DE EMPLEOS

Cepyme quiere una senda que eleve el tamaño medio de la empresa española hasta igualarlo con el promedio europeo, algo que permitiría aumentar el PIB del país en un 5,5% y crear más de 1,3 millones de empleos, además de generar recursos tributarios que contribuyan a la reducción del déficit fiscal sin aumento la presión tributaria.

Para conseguir este hito la patronal sugiere una mayor flexibilidad de los escalones regulatorios, se fomenten fiscalmente las fusiones y adquisiciones y se simplifiquen los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) que a juicio de Cepyme “sobrecargan de burocracia a las pymes”.

Por otro lado, el manifiesto recoge un punto específico para pedir una reducción de las cargas burocráticas de la Administración y la aplicación “de forma obligatoria” de un test pyme y de competitividad que sea efectivo. Concretamente, buscan implantar de forma efectiva la práctica de “una más, una menos”, de manera que se deroguen una o más normas del mismo nivel cuando se apruebe una nueva.

En cuanto a los fondos europeos, Cepyme quiere principalmente conocer mejor el grado real de aprovechamiento de los recursos y la reducción de los trámites burocráticos en su acceso. Como ejemplo a seguir en este último punto la patronal señala al Kit Digital.

Del lado del gasto público, la patronal sugiere una estrategia fiscal a medio y largo plazo en la que el gasto primario corriente financiado con recursos propios no crezca más que el PIB potencial.

En otro orden de cosas, Cepyme insta al futuro Gobierno a implantar la unidad de mercado en el país, para evitar la proliferación de “múltiples normativas” en diferentes niveles de la Administración; y una acción decidida para luchar contra la morosidad, tanto pública como privada.