En su paquete de 82 propuestas también solicita bajar impuestos a las telecos e incentivos fiscales por invertir en digitalización
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha publicado una batería de 82 propuestas dirigidas al nuevo Gobierno que se forme tras los comicios generales del 23 de julio y en la que aboga, entre otras medidas, por bajar el IVA a las tarifas de internet y de televisión de pago de un modo similar a lo que se hizo con el cine, al que ahora se aplica el tipo reducido (10%).
El objetivo de esta medida, según la entidad, es permitir la existencia de una oferta con un precio final “atractivo y asequible” al gran público y que, a su vez, incentive el consumo, la inversión y la estabilidad del sector, ha detallado la organización en un comunicado.
En el paquete de propuestas, que persigue impulsar la transformación digital en España durante la próxima legislatura, también se plantea aplicar una bajada de impuestos a las empresas del sector de las telecomunicaciones y la implementación de incentivos fiscales por la inversión en digitalización.
Así, DigitalES propone reducir las cargas tributarias estatales, autonómicas y locales que, a su juicio, “impactan negativamente” en el desarrollo digital de las empresas en España. “En concreto, aquellas que puedan limitar el despliegue de infraestructuras tecnológicas”, ha matizado.
También aboga por reducir las cargas para la inversión en tecnologías en desarrollo como la inteligencia artificial, la computación en la nube o la computación cuántica.
Además, pide revisar la estructura de las tasas anuales del espectro, “que sitúan actualmente a España como uno de los países con las tasas más altas de la Unión Europea”, ha valorado.
En esa línea, DigitalES solicita al próximo Gobierno de España que establezca incentivos fiscales que fomenten la inversión en el desarrollo digital, como por ejemplo, la introducción de la “libertad de amortización de las inversiones en redes de banda ancha ultrarrápida y tecnologías emergentes”.
También pide exonerar del “pago de impuestos medioambientales” a las actividades relacionadas con la prestación de servicios digitales, “teniendo en cuenta su impacto positivo en el medioambiente”.
Para cerrar el capítulo fiscal, DigitalES apuesta por que se garantice una seguridad jurídica con un “corpus” normativo que se mantenga “estable”, independientemente de los cambios de Gobierno que se puedan producir en los distintos niveles de las administraciones públicas.
‘FAIR SHARE’
En el ámbito regulatorio, una de las principales medidas que plantea DigitalES es que el nuevo Gobierno de España contribuya a la “definición e implementación de un marco europeo para que las grandes plataformas digitales que se benefician de la transformación digital asuman sus responsabilidades y realicen una contribución justa y proporcionada que posibilite la sostenibilidad de la inversión en redes de telecomunicaciones”.
Se refiere así al denominado ‘fair share’ (contribución justa) que solicitan las principales operadoras europeas y que defiende que las grandes plataformas digitales como Amazon, Netflix o Meta (propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram), entre otras compañías, deberían pagar por el uso de la red para ayudar a financiar las inversiones necesarias en esta infraestructura debido al aumento del tráfico de datos que se prevé en los próximos años.
Además, en el ámbito regulatorio también defiende que el nuevo Ejecutivo debería apostar por una estructura de mercado “sostenible para el sector de las telecomunicaciones”.
“Se deben generar las condiciones adecuadas para la existencia de operadores de telecomunicaciones fuertes y solventes, buscando un equilibrio entre tener una competencia sana y la capacidad de seguir siendo la vanguardia en desarrollo tecnológico y penetración de nuevos servicios”, añade el paquete de propuestas de la organización.
OTRAS MEDIDAS
“Es importante que el nuevo Gobierno tome conciencia de las cuestiones relacionadas con la digitalización que conviene apoyar, vigilar o regular, en muchas ocasiones alineados con el resto de la Unión Europea (UE), para que la digitalización redunde en mayor competitividad y bienestar social”, ha destacado el director de DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo.
Además, ha recordado que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representan unos 550.000 puestos de trabajo directos en España.
En este contexto, el paquete de medidas planteado por la organización también incluye propuestas en el ámbito de las administraciones, como el despliegue de un plan de ‘upskilling’ y ‘reskilling’ del personal, el impulso al ‘cloud’ de las administraciones públicas y la simplificación de las sedes y plataformas electrónicas de la Administración General del Estado.
En el ámbito de las pymes, DigitalES propone la incorporación de empresas de 50 a 250 empleados en el programa ‘Kit Digital’ y la simplificación de los procesos y de la documentación requerida para su presentación a los programas de digitalización.
“Para el empuje de la conectividad en España, la patronal DigitalES solicita simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos para obtener permisos y licencias asociados al despliegue, potenciar los mecanismos de colaboración público-privada para la extensión del despliegue de las redes de 5G a las zonas rurales y aisladas, así como medidas de fomento de la demanda de conectividad de banda ancha, como por ejemplo un plan para la adopción temprana de las nuevas redes de fibra y de 5G”, ha subrayado la entidad.
A juicio de DigitalES, otras prioridades para la próxima legislatura deben ser el refuerzo de la ciberseguridad dentro de los planes de formación académicos de enseñanza básica y media, el fomento del desarrollo de ‘sandboxes’ regulatorios y facilitar la creación de nuevos centros de datos.
“España cuenta en la actualidad con una de las mejores redes de conectividad del mundo, gracias a las inversiones acometidas por la industria, incluso durante los años más difíciles, pero también gracias a una regulación que ha aportado seguridad jurídica a las empresas, y a unas políticas públicas que han sabido complementar e incentivar de manera efectiva los despliegues en municipios más pequeños y rurales”, ha opinado Calvo-Sotelo.
“Esta fórmula de colaboración público-privada, que se ha demostrado exitosa en el ámbito de los despliegues, puede extenderse a todos los restantes ámbitos de la digitalización”, ha añadido.
