Díaz recalca que la propuesta de pensiones de Escrivá endurece el acceso a las condiciones de jubilación

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar el periodo de cálculo de la pensión supone “un endurecimiento del acceso a las condiciones de jubilación”.

La cartera de José Luis Escrivá propuso este lunes a los agentes sociales extender progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Díaz ha manifestado que no comparte esta medida y ha pedido que se deje trabajar al diálogo social para que se siga avanzando en este negociación.

“Escrivá conoce nuestra posición. Tenemos una interpretación del avance en derechos laborales. La ley 27/11 no ha acabado de culminar la aplicación de los 25 años necesarios para el cómputo de la base reguladora”, ha recordado la ministra.

Pese a su rechazo a esta propuesta, Díaz considera que otros planteamientos de la Seguridad Social “son positivos” para la segunda fase de la reforma de pensiones.

UNA PROPUESTA INICIAL PARA NEGOCIAR

La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima “hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%”.

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Escrivá anunció hace unas semanas su intención de aprobar esta reforma a través de un Real Decreto-Ley.