Díaz apuesta por dar más control al Estado en Telefónica y Celsa para contrarrestar “intereses extranjeros”

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha propuesto reforzar el control del Estado en Telefónica y Celsa, empresas que han vendido en las últimas semanas parte de su capital a inversores de otros países, para contrarrestar estos “intereses extranjeros” frente al general, ya que los considera “difícilmente compatibles”.

Ha sido durante la reunión con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso donde Díaz ha deslizado las líneas generales de su hoja de ruta económica de cara a un futurible Gobierno de coalición con el PSOE.

En clave de actualidad, ha explicado sus propuestas ante la posible entrada de inversores extranjeros en empresas consideradas estratégicas. Y es que, recientemente el grupo de telecomunicaciones saudí STC se ha hecho con el 9,9% del capital de Telefónica por unos 2.100 millones de euros. De su lado, el Juzgado mercantil dos de Barcelona ha dado el visto bueno al plan de reestructuración que los fondos acreedores, con Deutsche Bank Anchorage, Capital Group y Attesor Capital a la cabeza, presentaron para tomar el control de la siderúrgica catalana Celsa.

Corresponde al Gobierno dar el visto bueno a ambas operaciones. En el caso de Telefónica, al ser una empresa relacionada con el área de defensa, el umbral del escudo ‘antiopas’, que normalmente se sitúa en el 10% de capital, se reduce al 5%. Respecto a Celsa, el Ministerio de Industria señaló que la operación por la que los acreedores se harán con la empresa requiere de la petición de autorización del Consejo de Ministros.

En este marco, Yolanda Díaz ha defendido reforzar “legalmente” el escudo ‘antiopas’, una medida temporal que se desplegó con motivo de la pandemia; y también ha apostado por impulsar el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas estratégicas, mediante participaciones de control.

A renglón seguido ha remarcado la importancia de desplegar la ‘golden share’ o ‘acción de oro’, con la que el Gobierno tendría la última palabra en determinadas decisiones del consejo.

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