El envejecimiento de la población conduce a un mayor ahorro y a una menor inversión
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que habrá que adoptar nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y considera que es necesaria una evaluación “transparente, continua y exhaustiva” de los efectos de estas reformas impulsadas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.
Según ha alertado el gobernador durante su intervención en la ‘Conference on Ageing’, organizada por Banco de España, CEMFI y Georgetown University, se está produciendo un importante cambio demográfico, que no hará sino acelerarse a medida que avance el siglo XXI.
El gobernador ha avisado de que un cambio demográfico tan grande podría tener profundas repercusiones económicas, con consecuencias incluso para la eficacia de las políticas monetarias y fiscales. “Junto con el impacto del cambio tecnológico y climático es probable que represente el mayor reto al que se enfrenten las políticas económicas y sociales en las próximas décadas”, ha alertado Hernández de Cos.
A medida que crece la población jubilada y si las prestaciones per cápita se mantienen constantes, las transferencias a través de del sistema público de pensiones aumentarán. Además, cuanto menor sea la proporción de población en edad de trabajar menores serán, en términos relativos, los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social utilizados para financiar las prestaciones sociales contributivas.
Además, a medida que la población envejece, aumenta la demanda de servicios públicos sanitarios y de cuidados de larga duración.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el gasto total en pensiones en España aumente desde el 13% del PIB actual al 16,2% en 2050. El aumento del gasto sanitario sobre el PIB también se prevé considerable, con un incremento de casi 1,5 puntos porcentuales en las próximas tres décadas, según las previsiones del último informe de la Comisión Europea.
Según ha recordado el gobernador, en la última década, el sistema de pensiones ha sido objeto de una serie de reformas, principalmente encaminadas a aumentar la edad efectiva de jubilación, apuntalar los ingresos de la Seguridad Social e introducir un mecanismo de ajuste automático.
“La estimación del impacto que las distintas medidas aprobadas pueden tener sobre los ingresos y gastos del sistema en las próximas décadas está sujeta a mucha incertidumbre”, ha reconocido.
En cualquier caso, Hernández de Cos ha apuntado que el amplio abanico de estimaciones disponibles –del Banco de España y de otras instituciones– sugiere que, como consecuencia de los distintos cambios legislativos aprobados desde 2021, el sistema de pensiones español tendrá que asumir, a largo plazo, mayores obligaciones de gasto que no se verán compensadas en su totalidad por los ingresos obtenidos.
Otra incertidumbre, según el gobernador, es el posible impacto adverso del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el empleo, los salarios y la competitividad.
Según estas estimaciones, habrá que adoptar nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema. Y, en cualquier caso, es necesaria una evaluación transparente, continua y exhaustiva de los efectos de estas reformas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.
CAMBIOS EN EL AHORRO Y MENOS INVERSIÓN
Según el gobernador, el envejecimiento de la población provocará cambios sustanciales en las pautas de ahorro y las carteras patrimoniales de los hogares, ya que cuanto mayor sea el tamaño relativo de la población de más edad, mayor será la propensión media al consumo y menor la tasa de ahorro.
No obstante, y aunque el “efecto” del envejecimiento de la población significaría por sí mismo una menor tasa de ahorro a largo plazo, el ahorro agregado tenderá a aumentar durante la transición hacia una sociedad más envejecida debido a las expectativas de mayores necesidades de consumo en el futuro.
Además, tras un periodo de caída en picado de la fecundidad y de gran incertidumbre sobre la cuantía de sus pensiones y su longevidad, es posible que los hogares se sientan menos inclinados a transferir su patrimonio en forma de herencia.
En cuanto a la inversión, algunos factores sugieren que es probable que disminuya a medida que aumente el peso relativo de la población de más edad. Este será el caso, por ejemplo, de la inversión inmobiliaria, dado el menor peso de población joven y la fuerte acumulación de viviendas residenciales durante la primera década de este siglo.
Según Hernández de Cos, los cambios en el ahorro y la inversión tendrán implicaciones para los flujos internacionales de capital, ya que el capital tiende a fluir hacia países con poblaciones relativamente más jóvenes, mayor crecimiento de la productividad y mayor rendimiento del capital.
“En consecuencia, habrá salidas de capital y superávit por cuenta corriente en los países en los que la población envejece más rápidamente, que, en principio, serán los que experimenten descensos más rápidos y acusados del rendimiento del capital y de la productividad”, ha señalado.
EFECTOS MACROECONÓMICOS
Asimismo, el gobernador ha advertido de que la eficacia de las políticas de estabilización macroeconómica también puede verse afectada por los cambios demográficos.
En primer lugar, el envejecimiento de la población afecta a una importante referencia para la política monetaria, el llamado “tipo de interés natural”, es decir, el tipo teórico compatible con el pleno empleo y, por tanto, el que prevalecería en equilibrio en condiciones de estabilidad de precios y brecha de producción nula.
“En la medida en que el envejecimiento de la población conduce a un mayor ahorro y a una menor inversión, el envejecimiento de la población reducirá el tipo natural”, ha anticipado.
Además, el envejecimiento de la población también repercute en los precios relativos de los bienes frente a los servicios, así como en los salarios. Una población de más edad demanda relativamente más servicios, cuyos precios tienden a aumentar más lentamente.
Además, en términos relativos, las personas mayores suelen mostrar un comportamiento más antiinflacionista, ya que han acumulado más riqueza y, por tanto, son acreedores netos.
SE REDUCEN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y MÁS PRESIÓN EN GASTOS PÚBLICOS
Por lo que respecta a la política fiscal, es probable que el envejecimiento de la población también modifique el volumen y la composición de los ingresos y gastos fiscales.
En términos de ingresos, una tendencia a la baja en el tamaño de la población en edad de trabajar y de la tasa de actividad reducirá el peso de las cotizaciones sociales y de los impuestos sobre la renta.
Además, dado que la población de más edad tiende a consumir más bienes y servicios que están sujetos a impuestos sobre el consumo más bajos (debido a los subsidios y a la exención del IVA en los servicios públicos), el envejecimiento de la población también puede reducir el tipo impositivo agregado efectivo.
En cuanto a los gastos, la mayor demanda de políticas sociales ejerce una presión extraordinaria sobre presupuestos públicos, sobre todo, aunque no sólo, en forma de programas de pensiones y sanidad.
