CSIF traslada a la nueva secretaria de Función Pública sus prioridades para el nuevo curso político

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha reunido con la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, para trasladarle sus prioridades para los empleados públicos de cara al nuevo curso político: subida de salarios, mantenimiento del régimen de clases pasivas del Estado y mejora de la jubilación.

Así, con motivo de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, CSIF ha defendido ante Sánchez Milán la necesidad de un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010, que previsiblemente se verá agravada este año como consecuencia del incremento de los precios.

En el ámbito de las plantillas, CSIF ha informado a la secretaria de Estado de que velará por la seguridad jurídica del proyecto de ley para reducir la temporalidad en el empleo público que iniciará estos días su trámite en el Congreso de los Diputados. Además, ha pedido que se elimine la tasa de reposición de las ofertas de empleo público para que las administraciones públicas puedan reforzar sus plantillas más allá de las jubilaciones.

En este sentido, CSIF ha denunciado que el envejecimiento de las plantillas y la precariedad en el empleo creado “ya está destruyendo miles de plazas”, tanto en la Administración del Estado como en las comunidades autónomas, donde se está ya prescindiendo de contratos de refuerzo por el Covid en la Educación y la Sanidad.

En este nuevo curso político, CSIF también exigirá el mantenimiento de las clases pasivas del Estado y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de las condiciones laborales en cuestiones como la promoción interna, la movilidad voluntaria o la regulación de la carrera profesional.

Según CSIF, la nueva secretaria de Estado, que ha asumido el cargo tras el traspaso de la competencia de Función Pública desde el Ministerio de Política Territorial al Ministerio de Hacienda, se ha comprometido a fijar “de manera inminente” un calendario de negociación.