CNMC amplía investigación a nueva empresa y directivos en el suministro de alimentos básicos a colectividades

La empresa Acacio, filial de Plataforma Femar, ha sido incluida en la

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado a una nueva empresa y a cinco directivos el expediente sancionador iniciado en 2022 contra varias empresas que se dedican a la distribución de alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos, por posibles prácticas restrictivas de la competencia, según informa en un comunicado.

En concreto, investiga los posibles acuerdos y/o prácticas concertadas relacionadas con el reparto de clientes y con las adjudicaciones de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios, entre otros, así como el intercambio de información comercialmente sensible.

De esta forma, la empresa Acacio, filial de Plataforma Femar, y cinco directivos (dos de Plataforma Femar y Acacio; dos de Serviline Foods, y uno de Asesores Llangon) han sido incluidos en esta investigación.

El expediente se inició el pasado mes de diciembre contra las compañías Asesores Llangón, Frutícolas Ateca, Hermanos Vidal, Leonesa de Patatas, Plataforma Femar, Serviline Foods y su matriz, Distribuciones Cebollada.

El organismo presidido por Cani Fernández ha precisado que esta ampliación no prejuzga el resultado de la investigación y se mantiene el periodo máximo de 18 meses, desde la fecha de la incoación inicial, para la instrucción y la resolución de este expediente.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

Competencia cuenta con el Programa de Clemencia para su detección y desmantelamiento, entre otros instrumentos. Este programa permite que las empresas que formen parte de un cártel se beneficien de la exención del pago de la multa y a estas compañías no les será de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, si resultaran finalmente sancionadas.