MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
CCOO considera que el Código de Buenas Prácticas firmado en noviembre entre las patronales bancarias y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “no basta”, puesto que se habrían beneficiado 12.000 familias sobre el objetivo de un millón de personas anunciado por el Gobierno, y ha reclamado medidas “efectivas” para reducir el impacto del alza de tipos de interés.
A través de un comunicado, el sindicato ha señalado que en España hay actualmente 4,4 millones de familias con préstamos hipotecarios a tipo de interés variables, “a quienes la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) desde el 0,5% de julio del 2022 al 4% de junio del 2023, les ha supuesto un incremento medio en el pago de la hipoteca de entre 300 y 500 euros mensuales”, y que ha causado que lo que ya destinan al pago de la vivienda “represente el 50% de sus ingresos”, lo que aumentaría el riesgo de impago y, por tanto, de la pérdida de la vivienda.
Ante esta situación, el Ejecutivo pactó con el sector bancario unpaquete de medidas que tenía como fin el aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios a tipo variable, de un millón de familias con mayores dificultades para hacer frente a las cuotas y a su vez garantizar la estabilidad financiera.
“Transcurridos seis meses, el plan ha quedado muy lejos de sus objetivos. Solo se han beneficiado el 1,2% de las familias, es decir 12.000”, afirma, por lo que considera que las medidas “han fracasado”.
El sindicato recuerda que ya en noviembre anunció su “escepticismo” sobre la eficacia de las medidas aprobadas, al considerarlas “insuficientes” y “poco ambiciosas”. Las medidas consistían en una ampliación del protocolo voluntario para el acceso de las familias al Código de Buenas Prácticas Bancarias, con ampliaciones de plazos en las reestructuraciones de las hipotecas, congelación de cuotas, reducción de tipos de interés más bajos en periodos de carencia y ampliación hasta familias con rentas inferiores a 3,5 veces el IPREM.
Sin embargo, CCOO afirma que este código incluía “múltiples requisitos para su cumplimento”, lo que “obstaculizaba” laadhesión de las familias así como la voluntariedad de las entidades bancarias en su aplicación, y recuerda que el Banco de España rebajó a 200.000 las familias que podrían acogerse finalmente, teniendo en cuenta los requisitos y la experiencia del anterior Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012.
CCOO recuerda que hoy la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, va a mantener una reunión con las patronales bancarias, el Banco de España, las asociaciones de consumidores y plataformas de mayores para revisar el funcionamiento del nuevo código y la posibilidad de revisarlo, con el sector bancario en contra.
Ante esta situación, CCOO continúa apostando por su propuesta de diciembre de 2022, basada ir hacia tipos fijos “razonables”, garantizar la novación o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo y, si fuera necesario, llegar a alargar el periodo de amortización con el objeto que las cuotas hipotecarias no representen más del 30% de los ingresos del hogar.
También ha pedido reformar el código para ampliar las familias cubiertas por el mismo, hasta aquellas que ingresen 4,5 veces el IPREM y la reducción de requisitos de acceso, así como impulsar la competencia bancaria, con la obligación de las entidades bancarias de publicar en la CNMC todos los productos hipotecarios y sus condiciones.
Además, para facilitar el acceso de la población a la vivienda en propiedad, cuando esta sea la opción elegida, y garantizar la oferta de préstamos hipotecarios, CCOO cree que es necesario abordar una transformación del mercado hipotecario dirigida a facilitar que las familias puedan mantener sus viviendas, limitando el incremento de las cuotas de los préstamos a no más del 30% de sus ingresos.
Por último, pide que los tipos de interés fijos sean la referencia “habitual” de las hipotecas y que estén vinculados al precio de la deuda pública de España a largo plazo, similar al tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios a tipo fijo vigente en Francia.
