MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha evitado de nuevo ahondar en la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –dependiente del Ministerio de Hacienda– pueda entrar en el accionariado de Telefónica, aunque ha matizado que “un Gobierno responsable tiene que analizar todas las operaciones”.
En ese sentido, la SEPI confirmó esta misma semana que está valorando comprar una participación en la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, una operación que tendría un coste de alrededor de 1.000 millones de euros, según la cotización actual de la compañía.
“Me remito al comunicado que ha hecho la SEPI. Un Gobierno responsable tiene que analizar todas las operaciones y ya la SEPI ha explicado el estado de la situación”, ha resaltado Calviño durante su intervención en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) este viernes.
También ha insistido en la opinión de que el Ejecutivo tiene que ser “muy prudente” en sus declaraciones públicas y, en particular, cuando se trata de “empresas que cotizan en los mercados”, como es el caso de Telefónica.
“Además es una empresa estratégica, si no la más estratégica, y vamos a defender los intereses generales y el interés estratégico de nuestro país. Es la única declaración que procede, justamente por responsabilidad”, ha agregado.
En cuanto a lo que ha comunicado la SEPI, el organismo aseguró que está monitorizando la situación de la operadora española y que está llevando a cabo un “análisis exploratorio interno” relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en Telefónica.
“Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”, concluye el comunicado, en el que no especifica el porcentaje que valora comprar.
El pasado lunes, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, también reiteró el carácter estratégico de Telefónica para España y evitó pronunciarse sobre la posible entrada de la SEPI en el capital social de la operadora junto a un grupo de inversores españoles.
“Es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa. No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma”, subrayó entonces Rodríguez.
Así, el Gobierno analiza diversas opciones para reforzar la ‘españolidad’ de Telefónica, entre las que figuraría una eventual toma del 5% en el capital de la compañía, liderada por la SEPI y en coordinación con otros inversores nacionales, según apuntas distintas fuentes del mercado.
El objetivo de este movimiento sería “preservar los intereses nacionales” en la operadora tras el desembarco del grupo saudí STC en la compañía, que el pasado 5 de septiembre anunció que había adquirido un 9,9% de Telefónica –un 4,9% en acciones y 5% en derivados–, si bien la operación todavía debe ser aprobada por el Gobierno para completarse.
RELACIÓN “EXCELENTE” CON LAS GRANDES EMPRESAS DEL PAÍS
Por otro lado y al hilo del posible apoyo del Ejecutivo a Telefónica, Calviño ha defendido que a las empresas “les está yendo muy bien con este Gobierno” y se ha mostrado “sorprendida” por las críticas que recibe el Ejecutivo respecto a su relación con las grandes empresas del país.
“Hemos seguido una política económica muy favorable para la buena marcha de la economía y de las empresas, que nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno, con beneficios milmillonarios y, según los titulares de prensa, lluvias de dividendos. A las empresas españolas les está yendo muy bien con este Gobierno”, ha subrayado Calviño.
Asimismo, ha indicado que desde un punto de vista personal, la relación que tiene con las grandes empresas es “excelente”, tanto a nivel individual como con las patronales, con una interlocución “muy positiva”, y ha añadido que todas las medidas que ha adoptado el Gobierno, durante el Covid y después, “han sido en buena parte destinadas al rescate de las empresas del país por parte del sector público”, con los ERTE, los avales del ICO o las ayudas al transporte, la agricultura o la industria gasintensiva.
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