Bruselas quiere acelerar devoluciones de impuestos a inversores transfronterizos y armonizar procesos

Calcula un ahorro de unos 5.170 millones de euros al año

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha presentado este lunes una propuesta para acelerar las devoluciones de impuestos a inversores transfronterizos en la Unión Europea y hacer más seguros y eficaces los procedimientos de retención a cuenta para inversores, intermediarios financieros y administraciones fiscales, a fin de también de evitar dobles retenciones y ayudar a combatir los abusos fiscales.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha reconocido este lunes en rueda de prensa que “durante demasiado tiempo, los engorrosos procedimientos de retención a cuenta han desalentado la inversión transfronteriza y obstaculizado el buen funcionamiento del mercado de capitales de la UE”.

Las retenciones a cuenta se refieren, por ejemplo, a situaciones en las que un inversor residente en un Estado miembro debe pagar impuestos sobre los intereses o dividendos obtenidos en otro país de la UE, que es, a menudo, el caso de los inversores transfronterizos.

En tal situación, para evitar la doble imposición, muchos Estados miembro han firmado tratados para evitar que la misma persona o empresa tribute dos veces y permiten a un inversor transfronterizo presentar una solicitud de devolución por los impuestos pagados en exceso en otro país de la UE.

Sin embargo, estos procedimientos de devolución suelen ser, según ha reconocido Gentiloni, “largos y costosos” y los estudios demuestran que cerca del 70% de los pequeños inversores que podrían acogerse a un tipo reducido de retención en origen no lo solicitan, mientras que el 30% de los inversores particulares ha vendido su cartera en la UE debido a este obstáculo fiscal. Es una situación que no podemos permitirnos que continúe.

Además, los inversores tienen que más de 450 formularios diferentes en toda la UE, la mayoría de los cuales sólo están disponibles en las lenguas nacionales.

La propuesta de hoy pretende resolver estos problemas al introducir dos sistemas de vía rápida: la desgravación en origen y el sistema de devolución rápida, a los que en principio tendrá acceso todo el mundo.

Con el sistema de retención en origen, se aplica el tipo de retención adecuado en el momento en que se paga el dividendo y, con el procedimiento de devolución rápida, el impuesto excesivo se paga, pero se devuelve en un plazo máximo de 50 días a partir de la fecha de pago.

La propuesta permitirá a los Estados miembro cuál de los dos procedimiento ofrecer al tiempo que se fomenta la flexibilidad para tener en cuenta los distintos sistemas que existen actualmente en los países de la UE, pero también la armonización.

Asimismo, plantea un certificado digital común de residencia fiscal en la UE -que deberá expedirse en el plazo de un día laborable tras la solicitud– para que los procedimientos de desgravación por retención a cuenta sean más rápidos y eficaces, de modo que los inversores con una cartera diversificada en la UE necesitarán un solo certificado digital de residencia fiscal para solicitar varias devoluciones durante el mismo año natural.

“En efecto, nuestra propuesta garantiza que todos los inversores puedan beneficiarse de al menos uno de los dos sistemas normalizados”, ha incidido el comisario Gentiloni, quien estima que los inversores ahorrarán unos 5.170 millones de euros al año gracias a los procedimientos acelerados.

COMBATIR EL ABUSO FISCAL

No obstante, el italiano se ha mostrado también profundamente preocupado por los escándalos cum-ex y cum-cum –esquemas diseñados para aprovechar las debilidades de las leyes fiscales–, en los que ha recordado que se abusó “terriblemente” de los procedimientos de devolución de retenciones fiscales y que se calcula que entre 2000 y 2020 produjeron pérdidas por valor de 150.000 millones de euros.

Por ello, la propuesta de Bruselas establece obligaciones de información normalizadas a lo largo de toda la cadena financiera, lo que se espera que ayude a las administraciones tributarias a controlar más eficazmente los impuestos pagados.

La propuesta requiere ahora del visto bueno de los Estados miembro y, una vez adoptada, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.