Bruselas pide una senda de gasto según la deuda por país, mantiene el déficit máximo en 3% y amplía sanciones

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha presentado este miércoles sus ideas para la revisión de la disciplina fiscal, que contempla reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete, si bien mantiene el tope del déficit público en un 3% y prevé un mayor abanico de sanciones, pero con reducción de importes.

No obstante, Bruselas ha incidido en que los cambios que propone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión europea y el Estado miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrán que ser respaldados por el Consejo.

La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembro en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen.

Así, los países con una deuda “sustancial” deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda “moderada” mientras que aquellos con una deuda “baja” no tendrán la obligación de realizar ajustes.

Sin embargo, la propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años tenga una posibilidad de extensión hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.

Asimismo, se introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del actual contexto post Covid-19 y de la crisis tras el ataque de Rusia a Ucrania.

La propuesta mantiene algunas de las obligaciones de la actual disciplina, como es el caso del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada.

Según ha destacado este miércoles en rueda de prensa el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, “lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida”, lo que está condicionado a “alejarse de los requisitos poco realistas impuestos por la regla de reducción de la deuda del 1/20” que imperaba en el anterior plan.

ABANICO AMPLIADO DE SANCIONES

En cuanto a las penalizaciones al incumplimiento, Gentiloni ha incidido en que “se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíble reduciendo los importes”.

El nuevo sistema fiscal amplía además este abanico, por ejemplo, añadiendo algunas que tengan un mayor efecto reputacional, como la posibilidad de que los ministros de los Estados miembro en el procedimiento de déficit excesivo también puedan presentar en el Parlamento Europeo las medidas para cumplir con las recomendaciones del PDE.

Además, debido al especial riesgo de que se produzcan repercusiones negativas dentro de una unión monetaria, sería posible aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento.

Otra de las propuestas de la Comisión europea en este sentido un nuevo instrumento para hacer cumplir los compromisos de reforma e inversión que sustentan una trayectoria de ajuste más gradual, por lo que, si un Estado miembro no cumple sus compromisos de reforma e inversión, la herramienta facultará a la Unión Europea para solicitar una revisión de la senda de gasto primario neto plurianual para imponer también sanciones financieras.

Estas medidas se complementan con un refuerzo de la prevención a través del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) centrado, según ha señalado Gentiloni, en los nuevos riesgos, lo que permite una detección y evaluación temprana de la gravedad de los desequilibrios emergentes.