Bruselas acepta la petición del Gobierno de descartar la introducción de peajes en las autovías españolas

A cambio de impulsar el transporte ferroviario de mercancías

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha descartado definitivamente el plan de España para introducir peajes en autopistas a partir de 2024, a cambio de impulsar el transporte ferroviario de mercancías para reducir así las emisiones tras la aprobación este lunes de la revisión del plan de recuperación y resiliencia.

Entre las modificaciones que introduce la revisión, destaca la sustitución del sistema de pago en autopistas por disposiciones que fomenten el transporte de mercancías por ferrocarril para reducir las emisiones que supone el terrestre, por lo que Bruselas considera que se “mantiene el nivel de ambición” de la anterior medida, al tiempo que se abordan las recomendaciones específicas para España en este ámbito.

Fuentes comunitarias han explicado que lo que “convenció” a la Comisión para aceptar la modificación solicitada por el Gobierno español fue la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), que prevé que se introduzca, a partir de 2027, el pago por la emisión de gases de efecto invernadero para el transporte por carretera y las viviendas.

El Ejecutivo comunitario ha considerado que el anterior hito que recogía el plan representa un solapamiento parcial con el ámbito de aplicación de esta nueva normativa, de modo que el sector del transporte por carretera ya quedará cubierto.

Con la revisión de este viernes queda descartada la introducción de un mecanismo de pago por el uso de carreteras con arreglo al principio de ‘quien contamina, paga’, al tiempo que se ha retrasado un año el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte debido a retrasos provocados por un proceso legislativo “más largo de lo previsto”.

MEDIDA POLÉMICA

El Gobierno se comprometió en 2021 ante Bruselas a estudiar un nuevo sistema de peajes en las autovías como contrapartida por los fondos europeos que España ya ha recibido y teniendo como principal objetivo la reducción de emisiones, bajo el precepto de “quien contamina paga”.

Al mismo tiempo, contribuiría a reducir el déficit de más de 9.000 millones de euros que el mantenimiento de las carreteras acumulan actualmente.

Este compromiso suscitó una gran polémica y chocaba con la política que el Gobierno está llevando a cabo de retirar los peajes en las concesiones que van caducando, recibiendo el rechazo de los partidos de la oposición y de algunos sectores como los transportistas, que han pedido estar excluidos de cualquier futuro pago.

Así, tras el incremento de los precios a causa de la reactivación de la economía tras la pandemia y de la guerra en Ucrania, el Gobierno ha querido revertir este compromiso al considerar que no es apropiado para el momento actual de fuerte presión de precios sobre los ciudadanos, que a partir de 2024 tendrían que añadir a sus gastos cotidianos los vinculados a los peajes.

Finalmente, el Gobierno ha obtenido ‘luz verde’ de Bruselas y no habrá peajes en las autovías el próximo año, librándose así de una imposición de la que, por ejemplo, Portugal no se pudo escapar pasada la Gran Recesión de 2008, y ahora cobra peajes en todas sus principales autovías a cambio del rescate de su economía en 2011. También se pagan de forma generalizada en Francia e Italia, aunque no en Alemania o en Reino Unido.

NUEVA ADENDA

La adenda aprobada este lunes por Bruselas movilizará un total de 93.500 millones de euros adicionales, 7.700 millones de ellos en transferencias y 83.200 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo para financiar la transición verde RepowerEU.

Esta partida se suma a los 37.036 millones de euros –9.000 millones en prefinanciación y 28.000 millones en los tres primeros pagos– que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma “inminente” del cuarto pago de 10.000 millones de euros, mientras que la totalidad del plan asciende ahora a 163.000 millones de euros y abarca 111 reformas y 142 inversiones.