Pide iniciar este año la consolidación fiscal y una revisión integral del sistema tributario, elevando la fiscalidad del consumo
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Banco de España recomienda que las medidas de apoyo público con el fin de mitigar las consecuencias del repunte de la inflación en los hogares y empresas se concentren en los más vulnerables y se retiren de manera gradual, en paralelo a la reducción ya observada de los precios internacionales y sugiere el inicio del proceso de consolidación fiscal este mismo año.
“En el actual entorno de elevada inflación, resulta crucial que el tono de la política fiscal no sea incompatible con el endurecimiento de nuestra política monetaria”, ha recalcado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el ‘Informe Anual 2022’ publicado este miércoles.
De ahí la recomendación del gobernador de que las medidas de apoyo público con el fin de mitigar las consecuencias del repunte de la inflación en los hogares y empresas deben ser temporales, estar muy focalizadas en los más vulnerables –evitando así un impulso fiscal generalizado– y asegurar al mantenimiento de los incentivos para consumir menos energía. Además, estas medidas deben retirarse de manera gradual, en paralelo a la reducción ya observada de los precios internacionales.
“De lo contrario, corremos el riesgo de que una expansión fiscal sostenida incremente las presiones inflacionistas a medio plazo, lo que haría necesaria una respuesta más contundente de la política monetaria”, ha advertido.
LA REVERSIÓN DE LAS MEDIDAS ELEVARÁ LA INFLACIÓN 1,5 PUNTOS EN 2024
El amplio abanico de medidas desplegadas en 2022 y 2023 por los países del área del euro, incluido España, ayudaron a sostener la actividad y a contener la inflación en 2022, y está previsto que lo hagan también en 2023, si bien su retirada impulsará al alza los precios de consumo en los próximos años, especialmente en 2024. En concreto, el Banco de España estima que la reversión de medidas en 2023 supondrá un aumento de la inflación en 2024 de 1,5 puntos porcentuales.
En España, se estima que las medidas adoptadas desde mediados de 2021 para mitigar las consecuencias de la elevada inflación sobre los agentes económicos tendrán un impacto presupuestario de unos 37.000 millones de euros en el horizonte temporal 2021-2025.
Según De Cos, las medidas que se han definido como temporales, no se han orientado suficientemente hacia los agentes más vulnerables frente al shock inflacionista, de modo que los efectos sobre estos podrían haber sido mitigados a un coste fiscal menor.
En el caso español, el hecho de que el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) mantengan niveles muy elevados hace necesario iniciar, ya en 2023, la implementación de un plan de consolidación fiscal que permita reducir gradualmente esta vulnerabilidad y recuperar el margen de maniobra de la política presupuestaria ante eventuales perturbaciones negativas en el futuro.
Más aún si se tiene en cuenta que la inflación ha contribuido a la reducción del desequilibrio fiscal en 2022, pero su efecto a largo plazo sobre las finanzas públicas será menos favorable o incluso negativo, ya que su impacto al alza sobre el gasto público se produce con un cierto retardo, y que existen algunas dudas sobre el grado de transitoriedad de las elevadas dinámicas de crecimiento de los ingresos impositivos de los últimos años.
“No deberíamos perder la oportunidad que significa, además, que, en el corto plazo, el despliegue de los fondos europeos NGEU y de las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podría más que compensar la posible ralentización económica que se derivaría del comienzo de este proceso de consolidación fiscal”, ha señalado el gobernador.
Este proceso debe enmarcarse, según Hernández de Cos, en un cuadro macroeconómico prudente, involucrar al conjunto de las administraciones y traducirse en un plan de medio plazo, en el que se detallen las medidas de ingresos y gastos públicos que garanticen la reducción gradual de los desequilibrios. Esto permitiría reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar la credibilidad y la confianza en las políticas económicas.
LA DEUDA PÚBLICA NO BAJARÁ SIN UN PLAN “AMBICIOSO”
“A futuro, la deuda pública seguirá en niveles muy cercanos o incluso superiores a los actuales salvo que se implemente un plan de saneamiento presupuestario ambicioso”, ha advertido el organismo, tras avisar también sobre el elevado déficit estructural, de en torno al 4%, que arrastra la economía española.
Así, por el lado de los gastos, el gobernador cree que resulta imprescindible aumentar su eficiencia y optimizar la distribución entre partidas, de manera que se preserven aquellas –como el gasto en educación o en sanidad– que resultan fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta además el envejecimiento poblacional y su presión sobre los gastos del sistema.
Por el lado de los ingresos, De Cos cree que es preciso llevar a cabo una revisión integral del sistema tributario, en línea con algunas de las directrices del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, publicado en 2021 por el Comité de Expertos.
IMPOSICIÓN SOBRE CONSUMO Y MENOS BENEFICIOS FISCALES
En particular, el gobernador ve necesario otorgar un mayor peso relativo a la imposición sobre el consumo, revisar el significativo gasto que implican los beneficios fiscales, mejorar y elevar la fiscalidad medioambiental y aumentar el grado de coordinación y armonización internacional del sistema tributario para afrontar la creciente digitalización y globalización.
“Estas medidas podrían acompañarse de medidas compensatorias, que mitigaran sus potenciales efectos sobre los más vulnerables”, ha sugerido el gobernador.
REGLAS FISCALES EUROPEAS
A nivel europeo, el gobernador insta a acelerar la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para De Cos, entre los elementos positivos de la propuesta de Bruselas, cabe destacar que el foco del debate se sitúe en la sostenibilidad de la deuda, que se plantee una regla de gasto como instrumento de ajuste fundamental –dado que el gasto es la principal variable bajo el control de las autoridades fiscales–, que se tenga en cuenta la interacción entre reformas e inversiones y el ritmo de ajuste fiscal, y que se prevea una mayor heterogeneidad entre países.
Sin embargo, el gobernador considera que también debería incorporar un sistema más claro de incentivos para remediar el comportamiento procíclico de las finanzas públicas y favorecer un ritmo más acelerado de consolidación durante las épocas de bonanza. Además, esta propuesta podría resultar poco efectiva para reducir la complejidad actual de las reglas fiscales, ya que los análisis de sostenibilidad de la deuda presentan notables dificultades prácticas.
