MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Asufin sostiene que “mientras la cláusula no se anule y, por tanto, esté vigente, no puede empezar a correr el plazo para reclamar las cantidades”, de forma que el periodo para reclamar gastos hipotecarios “sería de cinco años”, que establece el Código Civil, a contar desde que se haya declarado la nulidad de la cláusula.
Se refiere así a la noticia de que el Tribunal Supremo elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión sobre el comienzo del plazo de prescripción para que los consumidores reclamen las cantidades pagadas como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios.
En la cuestión elevada al TJUE, el Supremo ha planteado dos alternativas: por un lado, que el reclamo de los gastos “es imprescriptible”, dado que lo es reclamar por la nulidad de la cláusula; o, por el contrario, la determinación de una fecha de arranque del plazo.
En este sentido, baraja tres fechas. Por un lado, el 23 de enero de 2019, día en el que las sentencias del Supremo fijaron doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios; por el otro, el 9 de julio de 2020 y el 16 de julio de 2020, fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción.
Asufin señala que, a juicio del Supremo, “ambas alternativas pueden ser contrarias al principio de seguridad jurídica en el caso de la primera, o al de efectividad, en el caso de la segunda”.
La asociación ha considerado que el Supremo “acierta” al elevar la cuestión al TJUE. En palabras de la presidenta de Asufin, Patricia Suárez: “Nos parece una solución prudente de cara a no crear másinseguridad jurídica en torno al tema. Antes que una sentencia confusa en contra de los consumidores preferimos que el Supremo consulte al TJUE, aunque esto suponga que tengamos que esperar un poco más”.
La asociación señala que, por tanto, la primera alternativa, es decir, que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, “no crea inseguridad jurídica; al contrario, disuade a los bancos a redactar cláusulas abusivas en sus contratos”.
Asufin cifra en ocho millones de consumidores los que han pagado gastos por su hipoteca y que están a la espera de conocer la resolución sobre la prescripción del plazo para reclamar plazos. Además, sostiene que las reclamaciones rondan de media los 1.500 euros.
