MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Asufin ha denunciado que un 63% de las compañías financieras y de seguros siguen ofreciendo líneas de atención telefónica de pago como canal de atención a sus clientes, lo que incumpliría la ley que obliga a ofrecer un número 900 gratuito.
En concreto, la asociación, a través de un comunicado, ha recordado que el Real Decreto ley 37/2020 de 22 de diciembre introdujo para los empresarios la obligación de poner a disposición de los consumidores una línea de atención telefónica de tarificación normal.
Además, reforzó esa obligación para las compañías de servicios básicos, como son los financieros y de seguros, que tienen que ofrecer un número gratuito (900) para sus clientes.
Asufin ya denunció en marzo ante el Ministerio de Consumo y los organismos competentes de las 17 Comunidades Autónomas que la mayoría de las compañías financieras y de seguros –casi el 90%– seguían ofreciendo líneas de atención telefónica de pago como canal de atención a sus clientes.
En concreto, de las 57 empresas analizadas por la asociación, 41 ofrecerían teléfonos de tarificación normal, mientras que ocho de ellas publicarían números de pago (901 y 902).
La asociación señala que, a raíz de esta denuncia, las comunidades de Madrid, Baleares y Cataluña abrieron 32 expedientes de investigación y sancionaron a 28 compañías. De este número, Madrid abrió 24 expedientes de investigación e impuso 18 sanciones a las empresas que no cumplían con la normativa al no publicar teléfonos de tarificación gratuita.
Por su parte, Baleares abrió cuatro expedientes sancionadores “contra Axa, Banca March, Deutsche Bank y ING”, mientras que Cataluña emitió cuatro expedientes sancionadores a las compañías Catalana Occidente, Cofidis, CNMV y Gaesco, según señala Asufin.
Si bien la asociación señala que se trata de un “cambio relevante” considera que es “todavía insuficiente”. Tras un nuevo análisis realizado el pasado mes de septiembre, las compañías que cumplen con esta normativa ahora son un 36,84% desde el 12,28% anterior registrado en febrero.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha señalado que “una vez se ha legislado en sentido positivo, es deber de las administraciones públicas que se haga cumplir la normativa que pretende facilitar la comunicación de los consumidores con las compañías que les proveen de los servicios básicos; si esos canales no son accesibles y entorpecen las relaciones entre clientes y empresas, se produce un indeseable efecto disuasorio en la reclamación y ejercitación de los derechos”.
Además, la asociación ha pedido al resto de administraciones públicas que “actúen”. Según se recoge en la nueva denuncia remitida al ministerio, Andalucía, Aragón Ceuta y la Comunidad Valenciana indicaron que trasladaban la denuncia al departamento que dirige Alberto Garzón, pero que “no tiene competencias sancionadoras en la materia”.
En cuanto a Canarias y Murcia, trasladaron la denuncia a su servicio de inspección, al tiempo que el País Vasco habría requerido a la asociación “más información” sin llegar a iniciar “ningún expediente de investigación o sancionador”.
“Por su parte, seis comunidades no enviaron ningún tipo de respuesta, concretamente Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Melilla y Navarra.
ORGANISMOS PÚBLICOS
Asufin también ha incorporado a su denuncia a algunos servicios públicos “a pesar de no estar obligados por la normativa”.
“El Ministerio de Consumo ha pasado de publicar en primer lugar un número de tarificación adicional, a cambiarlo por teléfono de tarificación normal, pero no gratuita”, señala la asociación. Además, indica que Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ofrecen números de tarificación normal.
“Sólo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) publican teléfonos 900 en sus páginas web”, concluye.
