Asufin denuncia que los juzgados especializados de banca tardan dos años en admitir a trámite las demandas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Asufin ha denunciado una vulneración de los derechos de los clientes bancarios por el colapso que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas, que tardan hasta dos años en admitir a trámite los pleitos.

La ratio de admisión es de 722 días en el juzgado especializado 101bis de Madrid o de 706 días en el 50 de Barcelona. En el mapa figuran otras ciudades como A Coruña, donde la ratio de admisión es de 729 días; Málaga, con 686 días, o Alicante y Vigo, con más de 420 días. El récord lo ostenta un expediente que tardó en admitirse a trámite más de cuatro años y medio.

Así, Asufin asegura que, en la actualidad, se están admitiendo a trámite en el especializado de Madrid, demandas de cláusula suelo, gastos hipotecarios e hipotecas IRPH presentadas en el año 2018. Tras este primer paso, los usuarios deben esperar un mínimo de tres años para tener sentencia de primera instancia, que si es recurrida por el banco añade uno o dos años más a la espera.

“Más de un lustro de espera para una sentencia firme que suele ser, en el 90% de los casos, favorable al consumidor”, ha criticado la asociación de usuarios financieros, que asegura que “la Justicia lenta no es Justicia”.

Asufin ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Justicia y ante el Defensor del Pueblo, a los que ha expuesto que se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución, dado que no se está garantizando su tutela efectiva en los tribunales, asegura la asociación. “La dilación de los procedimientos termina disuadiendo al consumidor de reclamar”, ha avisado.

Asufin cree que la autoridad bancaria de defensa del cliente bancario, cuya creación anunció a principios de mes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayudará a mejorar este tipo de supervisión y reducirá el colapso en los tribunales, pero ha pedido que “goce de credibilidad y poder sancionador”.

“Sus resoluciones deberán ser vinculantes y, una vez detectada una mala práctica, deber a establecerse un sistema sancionador que disuada de manera efectiva a las entidades evitando la judicialización de las reclamaciones”, ha reclamado.