Agricultura abre la consulta pública para actualizar la normativa de los sectores oleícola y remolachero

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previo a la elaboración de los proyectos de sendos reales decretos para regular el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector oleícola y para actualizar la normativa básica en materia de ordenación y regulación del mercado del sector remolachero azucarero.

En concreto, ambas regulaciones se llevarán a cabo en base a las disposiciones del reglamento comunitario por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

Los trabajos de diagnóstico y análisis de necesidades realizados previamente al proceso de elaboración del Plan Estratégico de la futura Política Agraria Común (PAC), han puesto en evidencia una serie de necesidades del sector oleícola español, en particular, una alta atomización del sector y una escasa dimensión económica de una parte importante de las explotaciones oleícolas españolas.

Por ello, el Departamento que lidera Luis Planas considera necesario aprovechar todas las posibilidades que ofrece la normativa comunitaria y avanzar en el reconocimiento de las organizaciones de productores en este sector, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones, su competitividad y sostenibilidad medioambiental.

SECTOR REMOLACHERO

Por otro lado, la normativa europea ofrece al sector remolachero importantes herramientas para fortalecer las relaciones comerciales y el funcionamiento adecuado de su cadena de valor, como son las figuras de las organizaciones de productores y sus asociaciones, la definición de las condiciones de compra de la remolacha azucarera (incluidos los contratos de suministro previos a la siembra) entre productores e industrias azucareras y la creación de acuerdos escritos interprofesionales que los regulen.

Con este procedimiento de consulta pública se abre la posibilidad de que ciudadanos, organizaciones y asociaciones interesados puedan expresar sus puntos de vista con carácter previo a la elaboración de estos reales decretos.