Acuerdo en el Congreso para endurecer obligaciones a VTC y retirar licencia si hay tres sanciones en dos años

La reforma que aprobará la Cámara la próxima semana concreta la prohibición a Uber y Cabify de circular para buscar clientes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha acordado endurecer las obligaciones a los servicios de los VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify, definiendo como infracción muy grave la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio, e imponiendo la retirada de la licencia en caso de acumular tres sanciones en dos años.

Según han informado a Europa Press distintas fuerzas parlamentarias, la ponencia encargada de tramitar el proyecto de ley para modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ha incorporado las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que abundan en las infracciones relativas a la precontratación o al retorno a la base tras finalizar un servicio.

Estas enmiendas van en línea de las reivindicaciones del sector del taxi y formarán parte de la reforma impulsada por el Gobierno en dos tiempos, primero en una modificación del régimen sancionador para la morosidad en el ámbito del transporte, y después sobre las sanciones previstas a las VTC.

LA REFORMA PODRÍA ESTAR EN VIGOR A FINALES DE MES

Finalmente, ambos proyectos de ley serán tramitados en una sola norma, que el Congreso aprobará la próxima semana en su Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Al contar con competencia legislativa plena, enviará la norma al Senado para completar allí su tramitación.

Es más, diferentes fuentes parlamentarias han informado a Europa Press que la intención de los grupos del Gobierno, y el respaldo de otras fuerzas, incluido el PP, es tramitar la norma de forma urgente en la Cámara Alta para que pueda estar en vigor este mismo mes o a principios de julio.

Concretamente, los cambios introducidos relativos a las VTC contemplan que la imposición de tres sanciones en un período de dos años a partir de la imposición de la primera de ellas pueda dar lugar a la revocación de una licencia. Inicialmente, el proyecto aprobado por el Gobierno pasaba por la retirada de la misma si se imponían cinco sanciones en un año.

BUSCAR O RECOGER SIN PRECONTRATACIÓN SERÁ INFRACCIÓN MUY GRAVE

Pero es que además se va más lejos en lo previsto por el Gobierno en materia de infracciones. Según la enmienda introducida por la ponencia de la ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, será infracción muy grave que un servicio VTC conduzca para buscar, recoger o propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente en un tiempo previsto el servicio.

También se concreta como infracción muy grave iniciar un servicio y recoger clientes sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, entendiendo para esta un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio.

Asimismo, la reforma tipificará como infracción muy grave la salida de vehículos VTC del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio, al igual que no facilitarlo a los servicios de inspección. Todas estas infracciones, en caso de arrastrar previamente una sanción, acarrearán una multa de entre 2.001 a 6.000 euros.

CAMBIOS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LAS CCAA PARA REGULAR

Finalmente, la reforma impulsada por el Congreso modifica la habilitación a las comunidades autónomas competentes en la regulación de VTC, contenida en el decreto ley aprobado por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2018.

En esta habilitación se concreta la definición de precontratación a regular por las comunidades, entendida “como el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio”.

La enmienda incluida en la nueva ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, elimina la mención a “captación de clientes” dentro de las posibilidades regulatorias de las comunidades, pero sí contempla la regulación de “medidas destinadas a minimizar los recorridos en vacío”.