Abogado General UE avala la condicionalidad de los fondos europeos frente al recurso de Hungría y Polonia

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

La nueva norma que condiciona el desembolso de fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho en los países miembro se apoya en la base jurídica adecuada y por tanto deben desestimarse los recursos presentados por Hungría y Polonia para tratar de bloquearla, según las conclusiones publicadas este jueves por uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen no es vinculante para el Tribunal europeo, que emitirá su sentencia definitiva más adelante, pero es el primer paso para resolver el asunto y suelen marcar la línea de la resolución final en la gran mayoría de los casos examinados por la Justicia europea.

En opinión del Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona, el régimen de condicionalidad de los fondos europeos, que afecta también al plan de recuperación, fue adoptado “sobre una base jurídica adecuada”, es compatible con los límites que marcan los Tratados de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica.

De este modo, el abogado europeo recomienda al Tribunal con sede en Luxemburgo desestimar los recursos presentados por Varsovia y Budapest porque no cree que se trate de un mecanismo sancionador similar al ya previsto por el artículo 7 del Tratado de la UE, como defienden estos dos países.

Por el contrario, el dictamen firmado por Campos Sánchez-Bordona aclara que se trata de un instrumento de condicionalidad financiera para asegurar la correcta ejecución del presupuesto de la UE y poder actuar frente a Estados miembro que pongan en riesgo su buena gestión mediante acciones que atentan contra el Estado de derecho.

En este sentido, recalca que la condicionalidad creada requiere que haya un vínculo “suficientemente directo” entre la vulneración del Estado de derecho y la ejecución presupuestaria, por lo que no es aplicable a otras vulneraciones del Estado de derecho que no tengan conexión directa con la gestión del presupuesto de la UE.

Los recursos presentados por Polonia y Hungría se dirigen contra el Parlamento Europeo y el Consejo como instituciones con poderes legislativos, pero la Comisión Europea y una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) se han personado en defensa de la normativa.

Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.

Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo.

Bruselas se comprometió entonces a no iniciar procedimientos en virtud de este mecanismo hasta conocer el veredicto del TUE, pero la deriva totalitaria de Budapest y Varsovia y el pulso que ambos países mantienen con el Ejecutivo comunitario han llevado a éste a dar el primer paso del proceso enviándoles sendos escritos solicitando información detallada sobre su gestión.