Reduce del 5,1% al 0,5% el impuesto de la electricidad y prolonga hasta fin de año la suspensión del impuesto del 7%
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá y votará la próxima semana, el jueves 14 de octubre, el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe que el Gobierno estima en 2.600 millones de euros.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.
Ese día, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó un precio medio de 153,43 euros/MWh, apenas unos euros por debajo del récord alcanzado un día antes. Tres semanas después, ese récord se sitúa en los 288,53 euros/MWh previstos para este jueves, 135 euros más.
El decreto está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tal y como marca la Constitución, en el plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, será derogado. En todo caso, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas.
El recorte de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual ‘rally’ en el precio del gas. No obstante, limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh –que es el precio medio del gas en los últimos años– y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.
Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS
Otras de las grandes medidas incluidas en este decreto es la rebaja al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad –actualmente en el 5,1%–, que es el mínimo permitido por la regulación comunitaria. Al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, el Ejecutivo analizará el impacto sobre los recursos de financiación autonómica para ver si es necesaria la aplicación de medidas compensatorias.
Con el decreto ley, el Gobierno también prolonga hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7% a la generación, y aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.
TOPE DEL 5% A LA TUR DEL GAS
Asimismo, limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres, e incentiva las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España, con el fin de dotarle de mayor liquidez.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
PROHIBICIÓN DE LOS CORTES POR IMPAGO
Respecto a la vertiente social, el decreto ley crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio porimpago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.
La última de las ocho medidas hace alusión a una modificación del texto refundido de ley de aguas, que fijará nuevAs variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente, al mismo tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.
AHORRO DEL 24,5% AL 47,2% DE LA PARTE REGULADA DE LA FACTURA
Todas estas medidas se suman a la actual reducción del IVA en vigor desde junio, que pasó a ser del 21% al 10%. El objetivo último del Gobierno es abaratar el recibo de la luz para los consumidores, de forma que en 2021 se pague, como mucho, lo mismo que se pagó en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio.
Con ello, el Gobierno calcula que una rebaja en el precio de la electricidad en una horquilla que abarca desde el 47,2% (para los hogares) hasta el 24,5% (para la industria) en la parte regulada de las facturas, porcentaje al que luego se le suma la menor presión fiscal por los tres impuestos modificados.
